El tribunal avala la ley estatal de 2023 que regula alquileres y desahucios para grandes propietarios
El Tribunal Constitucional ha publicado este 9 de octubre su sentencia sobre la ley estatal de vivienda de 2023, que regula precios de alquiler y desahucios para grandes propietarios. El tribunal rechaza los recursos presentados por la Xunta de Galicia y el Partido Popular, confirmando que la norma no vulnera la Constitución.
La sentencia rechaza que la ley vulnere derechos como la propiedad privada o la igualdad, recordando que la Constitución permite modular estos derechos cuando persiguen un interés general, como el acceso a la vivienda.
El Constitucional, sin embargo, señala que las medidas son proporcionadas y alineadas con la función social de la vivienda.
La ley de 2023, impulsada por el Gobierno de España, introdujo límites a los alquileres en zonas pensionadas y amplió plazos para inquilinos en riesgo de desahucio, especialmente en manos de fondos buitre o grandes propietarios.
¿Qué dice la sentencia?
El tribunal cita expresamente que las restricciones deben ser «proporcionadas» y «no arbitrarias». Sin embargo, avala que el Estado pueda intervenir para garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente cuando los mercados no lo aseguran.
La Xunta argumentó que la ley discriminaba a pequeños propietarios al aplicar medidas distintas según el tamaño del alquiler. El Constitucional descarta esta interpretación y señala que la norma distingue entre grandes tenedores y otros propietarios.
Reacciones políticas: PP y Gobierno autonómico en desacuerdo
El Partido Popular estatal, en línea con la Xunta, había calificado la norma de intervencionista y contraria al espíritu constitucional. La sentencia desmonta estos argumentos.
El Gobierno de España ha celebrado la decisión. Fuentes del Ministerio de Vivienda evitan atribuir declaraciones directas y señalan que la sentencia refuerza el marco legal para proteger a los inquilinos.
La ley de 2023 incluye medidas como la limitación de subidas de alquiler en zonas tensionadas y la obligación de justificar desahucios por impago cuando el inquilino tenga ingresos inferiores a tres veces el salario mínimo.
El Constitucional no anula la ley, pero sí cierra el camino a recursos similares por parte de comunidades autónomas o partidos que cuestionen su constitucionalidad.
La Xunta de Galicia no ha reaccionado oficialmente a la publicación íntegra de la sentencia. Fuentes cercanas al Gobierno autonómico confirman que analizarán todos los recursos legales disponibles.
El Tribunal Constitucional, con sede en Madrid, ha sido clave en debates recientes sobre derechos fundamentales, como el fallo sobre la eutanasia en 2025 o la limitación de la libertad de expresión en redes sociales.
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