El Gobierno lamenta la decisión mientras el PP y Vox la celebran como límite a la actuación del Ejecutivo sobre el censo electoral
Actualización (13 de octubre a las 16:52): La Abogacía del Estado evalúa recurso constitucional mientras Sánchez confía en que no se privará a 400.000 ciudadanos del sufragio
El Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos. La resolución se conoció el lunes 12 de octubre en la recepción anual de los Reyes en el Palacio Real.
Fuentes gubernamentales lamentaron abiertamente el criterio del alto tribunal.
La Abogacía del Estado estudia si el fallo ya es sentencia firme y si procede recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presidente Sánchez había urgido a los magistrados a levantar la suspensión en un mitin del PSOE la víspera y en conversaciones el lunes. Sánchez confía en que el Supremo no prive a 400.000 españoles, 163.000 según el censo de agosto.
El PSOE acusa a PP y Vox de pretender destruir el voto de miles de descendientes de exiliados. Alberto Núñez Feijóo celebró la decisión en sus redes, diciendo que se ha puesto límite a la irresponsabilidad del Gobierno. Vox calificó el fallo como una «gigante victoria judicial».
Actualización (13 de octubre a las 15:07): Pedro Sánchez se muestra muy optimista y confía en revalidar su Gobierno en las elecciones del 29-N
Durante la recepción del 12 de octubre, el Tribunal Supremo mantuvo suspendido el voto de la ley de nietos para quienes no acrediten su condición de exiliados. Pedro Sánchez se ha mostrado muy optimista ante las elecciones del 29 de noviembre y está convencido de que podrá revalidar el Gobierno.
Gabriel Rufián volverá a encabezar la candidatura de ERC en plena aproximación entre los republicanos y Podemos. La militancia de la CUP ha respaldado, con un 68,9% de los votos, renunciar a concurrir a las elecciones generales.
Santiago Abascal ha reforzado su discurso migratorio con un viaje a Ceuta, al margen del desfile militar en Madrid. La muerte de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha reavivado el debate sobre la crisis habitacional.
Frente Amplio ha acordado designar a Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno, manteniendo la puerta abierta a Podemos.
Los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres han lamentado que PP y Vox intenten impedir el voto de 163.020 descendientes de exiliados.
Actualización (13 de octubre a las 14:36): El Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión del voto para los beneficiados por la ley de nietos
Según la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el riesgo de constituir un Censo de Electores irregular persiste con la misma intensidad. El auto cuenta con cinco votos de apoyo y uno contrario.
La suspensión afecta a 163.020 personas que obtuvieron la nacionalidad por la vía del exilio prevista en la ley de nietos. El ponente del auto es el magistrado Antonio Narváez, quien señala la falta de datos sobre el cumplimiento de la medida cautelar.
Solo podrán votar quienes acrediten ser descendientes de exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual, cumpliendo la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno considera que la última vía para recuperar el derecho al voto es acudir al Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido.
La resolución del Supremo está fechada el 12 de octubre.
Actualización (13 de octubre a las 13:36): Los afectados son el 7,1 % del censo exterior y el PP obtuvo 66.422 votos en 2023, superando a los socialistas con 50.597 sufragios
El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho de voto de 163.020 españoles nacionalizados bajo la ley de nietos. Estos electores forman parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y representan el 7,1 % del censo exterior con derecho a voto en 2023.
En las elecciones generales de 2023, el CERA contaba con 2.288.774 inscritos y solo 203.115 votaron, lo que equivale al 8,9 % del total.
El Partido Popular fue la fuerza más votada entre los residentes en el exterior en 2023, con 66.422 sufragios, superando al PSOE, que obtuvo 50.597 votos.
El voto rogado, introducido en 2011, provocó un fuerte descenso de la participación y, aunque se eliminó en 2022, la participación exterior sigue siendo baja.
Actualización (13 de octubre a las 05:26): El Tribunal Supremo dictó ayer una resolución que mantiene la suspensión de los efectos censales de la ley de nietos para las elecciones del 29
El Alto Tribunal desestimó el recurso del abogado del Estado que pedía permitir el voto a todos los descendientes nacionalizados bajo la ley de Memoria Democrática de 2022.
Los jueces admiten el voto solo a los nietos inscritos antes del 1-de-agosto, fecha de cierre del censo electoral. Para los que obtuvieron la nacionalidad mediante la instrucción de desarrollo, la suspensión de sus efectos electorales se mantiene.
Los registros consulares deberán expedir una certificación acreditativa que demuestre la inscripción previa al 1 de agosto y la condición de hijo o nieto de exiliado. El Supremo justifica la medida para garantizar la seguridad, veracidad y transparencia del censo electoral.
El conflicto llegó al Tribunal a través de recursos de Iustitia Europa y Vox, que consideraban nula la instrucción por exceder la ley. El Supremo ordenó que los afectados sean notificados mediante edictos en el BOE y en los tablones consulares.
El Supremo consideró que el interés general prevalece sobre el derecho individual de voto.
Actualización (12 de octubre a las 23:26): Según el Tribunal, la medida, adoptada por cinco magistrados contra uno, otorga cinco días para alegaciones
El Tribunal Supremo ha acordado mantener la suspensión cautelar del derecho de voto de los 163.000 españoles nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. La medida solo se levantará si las oficinas consulares acreditan que son descendientes de exiliados del franquismo.
La decisión fue adoptada por cinco magistrados frente a uno. Se dicta a menos de dos meses de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El alto tribunal reprocha a la Abogacía del Estado y al INE no haber aclarado la identidad de los nacionalizados desde el 10 de septiembre. A los afectados se les concede un plazo de cinco días para formular alegaciones.
La magistrada Alicia Millán votó en contra, argumentando que la privación del voto podría volverse irreversible tras la convocatoria del 29 de noviembre. Según Millán, después de esas elecciones ningún pronunciamiento posterior podrá devolver el derecho al voto a los afectados.
Actualización (12 de octubre a las 20:51): El Gobierno estudiará un recurso mientras Pedro Sánchez destaca una movilización progresista no vista desde 2019, cuando el PSOE obtuvo 120 escaños
El Tribunal Supremo mantuvo la suspensión masiva del derecho a voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ el 12 de octubre en el Palacio Real. Fernando Grande-Marlaska comentó que el derecho al voto parece que no es tan relevante para algunos y que el Gobierno estudiará un recurso.
Pedro Sánchez dijo que las máquinas de Ferraz han detectado una movilización del votante progresista que no veía desde 2019. En 2019 el PSOE resultó la fuerza política más votada con 120 escaños.
Félix Bolaños afirmó que las encuestas de Génova no contemplan bajar de ocho millones de votantes y ven el bloque con Vox consolidado.
Alberto Núñez Feijóo declaró que el PP está “más enchufado” que en los comicios de 2023 y que necesitaría a Vox para llegar a la Moncloa. Los populares admiten que para llegar a la Moncloa necesitarían a Vox, a quien no harán ningún cordón sanitario.
Felipe VI y Letizia presidieron el desfile militar con casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros. El viaje real a Ceuta y Melilla se realizó con ilusión y ganas, dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos.
Actualización (12 de octubre a las 19:41): Violeta Alonso del CGCEE advierte que sólo cinco días hábiles para alegaciones dificultan revisar los expedientes antes del 29 de noviembre
El Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del derecho de voto de decenas de miles de españoles que obtuvieron la nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática. La decisión se tomó el lunes, rechazando la petición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General.
Violeta Alonso, presidenta del CGCEE, declara que «nos encontramos con una imposibilidad material de revisar los expedientes a tiempo para las elecciones». Añade que esto «puede implicar dejar a mucha más gente sin voto que la recogida en las medidas cautelares, lo cual sería claramente discriminatorio».
El problema radica en que el censo electoral de los españoles residentes en el extranjero (CERA) no permite distinguir la forma de adquisición de la nacionalidad, porque «en el CERA no hay una casilla que diga cómo has adquirido la nacionalidad».
El CGCEE y la Dirección General de Asuntos Consulares consideran inviable revisar individualmente los expedientes antes del 29 de noviembre, pues «incluso si pueden revisar un 1% de los expedientes que hay, ¿vas a dejar votar al 1% que ya han revisado y no al 99% restante?» El Consejo también expresa su preocupación por el plazo de cinco días hábiles concedido por el Supremo a los afectados para presentar alegaciones.
Actualización (12 de octubre a las 18:41): El Tribunal Supremo, a través de cinco de los seis magistrados de la sala de lo contencioso, ha confirmado la medida cautelar
Esta suspendía el derecho a voto de 168.000 nacionalizados por la Ley de Nietos.
La resolución se produce tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Según la magistrada María Alicia Millán, ello aumenta «la inseguridad jurídica y la inestabilidad del proceso electoral».
La magistrada María Alicia Millán ha presentado un voto particular. En él defiende que el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado debía ser estimado para anular la medida cautelar. En su escrito sostiene que la convocatoria electoral constituye «un elemento nuevo y decisivo en el juicio cautelar», que obliga a preservar el derecho fundamental de participación política.
¿Qué implica la medida cautelar para el proceso electoral?
Según la magistrada Millán, mantener la medida cautelar priva de forma inmediata e inaudita a los afectados de ejercer su derecho de sufragio. Además, genera un factor de inseguridad jurídica incompatible con la certeza y regularidad que exige cualquier proceso democrático. La mayoría de los magistrados justificaron la medida como necesaria para proteger la confianza en los resultados electorales.
¿Cuál es la postura de los partidos políticos?
Vox y el Partido Popular han cuestionado la transparencia del proceso electoral, alegando que la Ley de Nietos podría actuar como coladero para votantes cuya intención política es desconocida. Ambos partidos recuerdan el precedente de 2023, cuando el voto CERA benefició al PP al ganar un escaño en Madrid en detrimento del PSOE.
La magistrada Millán también señala que la dificultad material para cumplir con la suspensión, según la Abogacía del Estado, es «imposible» dentro de los plazos legales vigentes. Por ello, considera que la medida genera incertidumbre operativa que compromete garantías electorales.
Actualización (12 de octubre a las 17:21): La medida afecta a 163.020 ciudadanos inscritos en el CERA y la mayoría del tribunal rechazó levantar la cautela
El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos para las elecciones generales del 29 de noviembre. La medida afecta a 163.020 personas según los datos aportados por el Gobierno al Supremo.
¿Por qué la magistrada Millán se opone a la suspensión?
Alicia Millán, magistrada de la Sección Cuarta Sala de lo Contencioso-Administrativo, firma un voto particular discrepante. Millán considera que el tribunal debió estimar la petición de la Abogacía del Estado para permitir el voto a esos ciudadanos.
En su voto, la magistrada afirma que el adelanto electoral introdujo un elemento nuevo y decisivo. Añade que la convocatoria convierte en irreversible la posible lesión del derecho de sufragio de los afectados. Añade que la preservación del ejercicio efectivo del derecho fundamental de participación política debía prevalecer sobre una medida provisional basada en una controversia jurídica pendiente.
¿Cuántas personas quedan sin voto para el 29-N?
La mayoría de la Sección Cuarta Sala ha rechazado las pretensiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que pedían levantar la medida cautelar adoptada en septiembre. Los magistrados sostienen que el derecho de sufragio «no es un derecho de carácter absoluto», estando supeditado a intereses generales como la veracidad del censo electoral.
Millán señala que, para el 29-N, el censo se cerró el 1 de agosto de 2026. Añade que la suspensión mantiene a los 163.020 afectados sin posibilidad de voto. La magistrada recuerda que la decisión del Supremo en septiembre se proyectaba sobre un proceso electoral futuro, pero ahora existe un proceso concreto e inmediato.
Según Millán, la proximidad de las elecciones introduce un interés público de singular intensidad. Considera que ello justifica el levantamiento temporal de las medidas cautelares. La magistrada afirma que la medida acordada para evitar irregularidades en el censo desplaza la incertidumbre al propio proceso electoral.
Millán advierte que, una vez celebradas las elecciones, ningún pronunciamiento posterior podrá restituir la oportunidad perdida de participar. Señala que la lesión producida puede ser definitiva e irreversible.
El Tribunal Supremo mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos para las elecciones generales del 29 de noviembre; el Gobierno ha lamentado la decisión.
La resolución corresponde a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo, que ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión. El ministro del Interior, Fernando Grande‑Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado en una conversación informal con periodistas que «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos».
Fuentes del PSOE afirman que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han vuelto a «tropezar con la piedra» del franquismo. Según esas fuentes, los socialistas consideran la decisión un «atropello» que no dejarán de denunciar.
El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha celebrado la noticia en un vídeo del partido, asegurando que el Supremo ha hecho justicia. Ha llamado a la participación el próximo 29 de noviembre, diciendo que todos los españoles deben votar sin fraude ni alteraciones del censo.
El Partido Popular ha recibido la resolución como un freno a lo que considera un intento del Ejecutivo de influir en el censo electoral. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha escrito en X que «Pedro Sánchez quiso manosear el censo electoral, pero España tiene instituciones capaces de poner límites al poder. El 29 de noviembre, elecciones limpias». El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmado en la misma red social que «parece que el intento de manipular el censo electoral no le ha salido bien».
La suspensión cautelar afecta a los hijos y nietos de exiliados que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Marlaska ha señalado que ahora cabe esperar que la Abogacía del Estado estudie si las medidas cautelares de suspensión del Supremo son una resolución definitiva.
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