El TSJA rechazó las medidas cautelares y el director general Marcos da Rocha confirmó que el plan prevé 67 extracciones y actualmente tiene un 19,4 % de ejecución
Las claves
- El Gobierno del Principado mantendrá la aplicación del programa de control del lobo para 2026 y 2027.
- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias rechazó las medidas cautelares solicitadas por organizaciones conservacionistas.
- El plan prevé la extracción de 67 ejemplares de lobo.
- Marcos da Rocha, director general de Política Agraria, confirmó el grado de ejecución y expresó satisfacción por la resolución judicial.
- Da Rocha afirmó que Asturias necesita una gestión del lobo que responda a los problemas de los ganaderos.
El Gobierno del Principado mantendrá la aplicación del programa de control del lobo para 2026 y 2027 después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias rechazara las medidas cautelares solicitadas por organizaciones conservacionistas.
El plan prevé la extracción de 67 ejemplares y actualmente ha alcanzado un grado de ejecución del 19,4 %, según confirmó el director general de Política Agraria, Marcos da Rocha, este miércoles.
Da Rocha manifestó su satisfacción por la resolución judicial y subrayó que «Respetamos y valoramos esta resolución que rechaza la pretensión de paralizar cautelarmente las medidas impulsadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria». Añadió que Asturias necesita una gestión del lobo que se traduzca en hechos y que dé respuesta a los problemas que sufren cada día los ganaderos.
El director general destacó que el auto judicial recoge las consecuencias de los ataques del lobo sobre la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas, el relevo generacional y la continuidad de la ganadería tradicional. Aseguró que «No se puede defender la conservación de una especie ignorando a quienes sufren sus consecuencias ni condenar al medio rural a convivir con los daños sin respuestas eficaces».
Da Rocha defendió que la protección de la biodiversidad debe ser compatible con el mantenimiento de la actividad ganadera, la economía de los pueblos y la supervivencia de las razas autóctonas. El Principado considera que la decisión judicial permite continuar con las actuaciones de control previstas, sin que ello suponga todavía un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del recurso presentado por los conservacionistas.
Da Rocha reafirmó el compromiso del Gobierno autonómico con una política de gestión del lobo basada en criterios técnicos y en la protección de las explotaciones ganaderas. Aseguró que «No vamos a renunciar a ejercer nuestras competencias ni a aplicar las medidas previstas para reducir los daños».
Concluyó que detrás de cada ataque hay una explotación, una familia y un modo de vida que merecen protección y que el medio rural asturiano no puede seguir pagando el precio de la falta de soluciones.
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