CRedacción Capitol·15 de octubre de 2026·2 min de lectura
Los seis vocales de la Asociación de Fiscales, en el Consejo Fiscal, expresan su apoyo y solidaridad con la magistrada Beatriz Biedma ante presiones
Las claves
Solo la representante de la APIF firmó el comunicado de forma conjunta.
El comunicado citó que la independencia judicial es una garantía esencial del Estado de Derecho.
Se advirtió que la prudencia no debe confundirse con indiferencia ante posibles presiones.
Se subrayó que expresar solidaridad no implica anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades.
El bloque izquierdista del CGPJ vetó una declaración institucional de apoyo a Biedma.
Seis vocales de la Asociación de Fiscales mostraron su apoyo y solidaridad con la magistrada Beatriz Biedma durante el turno de ruegos y preguntas del Consejo Fiscal del jueves. El comunicado recordó que la defensa de la independencia judicial es un mandato constitucional que el artículo 124.1 de la Constitución encomienda expresamente al Ministerio Fiscal.
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Según fuentes fiscales, los vocales ofrecieron a sus compañeros la posibilidad de firmar el comunicado conjuntamente, pero solo lo hizo la representante de la APIF. El texto subrayó que la independencia judicial es una garantía esencial del Estado de Derecho y pertenece a todos los ciudadanos.
Se indicó que las informaciones sobre posibles presiones o intimidaciones deben recibir una respuesta institucional basada en serenidad, firmeza y respeto a las garantías del Estado de Derecho. La prudencia exigible ante una investigación en curso no puede confundirse con indiferencia ante hechos que, de confirmarse, comprometerían gravemente la administración de justicia.
El comunicado precisó que expresar solidaridad con una magistrada no supone anticipar conclusiones, atribuir responsabilidades ni sustituir la actuación de los órganos competentes. Se recordó que ningún juez debe ejercer su función bajo presión o amenaza de quienes pretenden condicionar sus decisiones.
El comunicado concluyó que la defensa de la independencia judicial no admite excepciones por razón del asunto enjuiciado, de las personas afectadas ni de la repercusión pública. Se afirmó que su defensa no es una opción de oportunidad, sino una exigencia permanente del Estado de Derecho y una responsabilidad de todas las instituciones.
El bloque izquierdista del CGPJ vetó una declaración institucional de apoyo a la juez Biedma.
