La exmilitante socialista acusa a un colaborador de la Guardia Civil de grabarla sin autorización judicial
Leire Díez, exmilitante del PSOE, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez Arturo Zamarriego, instructor de las «cloacas del PSOE», que desestimó por segunda vez abrir una línea para investigar si fue objeto de espionaje ilegal. La defensa solicita que se eleven las actuaciones para revisar la decisión judicial, que cerró la puerta a indagar si Pedro Gil Ruiz, al que atribuye ser colaborador de la Guardia Civil, desarrolló desde mayo de 2024 un rastreo de sus actividades sin autorización judicial.
El juez Zamarriego argumentó que Díez no logró desvirtuar los razonamientos que justificaban el archivo de la investigación. Sin embargo, la letrada de la exmilitante denuncia que la resolución vulnera su derecho de defensa al considerar inútiles las diligencias solicitadas y al restar valor a los artículos periodísticos aportados como prueba.
Díez reconoce haber mantenido reuniones con empresarios y guardias civiles, pero niega que su objetivo fuera desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE, como le atribuyen la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Asegura que su actuación respondía a un trabajo periodístico amparado por la normativa europea de protección a quienes participan en asuntos de interés público.
En su escrito, la exmilitante acusa a Gil Ruiz de haber realizado «grabaciones ilegítimas» en conversaciones privadas, modificadas y publicadas para desprestigiarla. Estas grabaciones, según su defensa, se celebraron en un despacho de abogados con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, reprocha al juzgado que el auto recurrido repita argumentaciones de una resolución anterior sin responder a sus alegaciones, lo que, a su juicio, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
La causa se inició a partir de una denuncia basada en informaciones publicadas por medios de comunicación, por lo que la defensa considera contradictorio que ahora se niegue eficacia indiciaria a ese mismo tipo de documentos.
Fuente: La Razón
