Redacción Capitol·19 de octubre de 2026·3 min de lectura
La jueza María Tardón asumió la causa el 7 de septiembre y ordenó pruebas entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026
Las claves
Luis María Pardo, de Iustitia Europa, ha pedido a la magistrada María Tardón que indague en los hechos bajo el artículo 590 del Código Penal.
Una fragata y varios patrulleros de la Marina Real de Marruecos se adentraron en aguas españolas a final de julio y permanecieron allí los primeros días de agosto.
El 17 de septiembre, la jueza dictó una resolución que ordena la recopilación de grabaciones, imágenes satelitales y demás pruebas entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026.
Iustitia Europa, liderada por Luis María Pardo, ha solicitado a la Audiencia Nacional que la jueza María Tardón investigue la presencia de tres embarcaciones militares marroquíes en aguas de Ceuta durante el traspaso masivo de decenas de miles de migrantes a finales de julio.
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Según el escrito presentado, Pardo encuadra los hechos en el artículo 590 del Código Penal, que tipifica los delitos contra la paz o la independencia del Estado.
Tres embarcaciones militares de Marruecos, una fragata y varios patrulleros, se adentraron en aguas españolas a final de julio y permanecieron allí los primeros días de agosto, coincidendo con la llegada de cerca de 90.000 migrantes.
María Tardón asumió la causa el 7 de septiembre sin conocimiento previo de la incursión naval y describió la masiva entrada de migrantes como un «grave ataque a la integridad territorial de España». En su auto del 17 de septiembre, la jueza ordenó a distintas instituciones que remitan grabaciones, imágenes y datos satelitales entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026, así como cualquier otra prueba relacionada con la presencia de buques de guerra marroquíes.
Iustitia Europa ha pedido que se aporte a la causa toda la documentación sobre el despliegue naval español, los registros de comunicaciones diplomáticas con Marruecos, y los informes del Departamento de Seguridad Nacional, del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Un informe del CNI recibido indica que las autoridades marroquíes fueron «plenamente conscientes» de que el 30 de julio se produciría un traspaso masivo de la frontera con Ceuta.
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El general de Brigada Salvador Sánchez Tapia y el almirante retirado Juan Rodríguez Garat describen los hechos como una acción híbrida en la zona gris, una estrategia que combina presión migratoria y naval sin llegar a un conflicto armado abierto. Garat afirma que la coincidencia entre el movimiento migratorio y la presencia naval indica que ambas acciones están orquestadas como medida de presión por parte de Marruecos.
Luis María Pardo insiste en identificar a los autores materiales, ideológicos y financiadores para detenerlos y encarcelarlos, calificando la investigación como una obligación moral para evitar que se repita.
Tanto Garat como Sánchez Tapia advierten que la causa judicial podría encontrar dificultades para obtener la colaboración del reino alauí, lo que complicaría la consecución de pruebas concluyentes. Pardo reconoce la complejidad de la cooperación marroquí pero sostiene que denunciar los hechos y determinar responsables es una obligación moral para que no vuelva a suceder.
