Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, declaró que el objetivo es intervenir «para defender un censo íntegro como garantía electoral»
Las claves
- Ezcurra ha calificado de «maniobra insólita» la iniciativa de Gabilondo y ha adelantado que los populares solicitarán la inadmisión del recurso.
- Ezcurra sostiene que el Defensor acude al TC «a un mes de dejar el cargo» para obtener la anulación de decisiones del Supremo, cuando «la vía judicial ni siquiera ha terminado».
- Según Ezcurra, el Defensor del Pueblo «debería defender al pueblo, no al Gobierno» y su demanda reconoce la «ineficacia administrativa» para ejecutar las medidas acordadas.
- El PP advertirá que exigirá «todas las responsabilidades, también penales» si se desatiende el requerimiento.
El martes 20 de octubre, el Partido Popular anunció que pedirá al Tribunal Constitucional que admita su personación en el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del voto de los españoles inscritos en el censo de residentes en el extranjero.
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, declaró que el objetivo es intervenir «para defender un censo íntegro como garantía electoral».
Ezcurra calificó la iniciativa de Gabilondo como una «maniobra insólita» y adelantó que los populares solicitarán la inadmisión del recurso. Según Ezcurra, el Defensor acude al TC «a un mes de dejar el cargo» para intentar anular decisiones del Supremo, cuando «la vía judicial ni siquiera ha terminado».
Ezcurra sostuvo que el Defensor del Pueblo «debería defender al pueblo, no al Gobierno» y reprochó que su demanda reconozca la «ineficacia administrativa» para ejecutar las medidas acordadas. Acusó al Gobierno de llevar más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo «ni un solo dato» pese a los dos autos del Supremo.
El PP anunció el envío de un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior exigiendo cumplimiento inmediato, con plazo hasta el jueves. Además, advirtió que exigirá «todas las responsabilidades, también penales» si se desatiende el requerimiento.
El ponente del Constitucional, Enrique Arnaldo, argumentó que el amparo es prematuro porque la jurisdicción ordinaria aún puede reparar las vulneraciones denunciadas.
La controversia se centra en una instrucción interna del Ministerio de Justicia que presumió la condición de exiliados a todos los que salieron de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955 sin exigir acreditar individualmente los motivos de esa salida. Gabilondo atribuye a las resoluciones del Supremo la vulneración de los derechos a la participación política, igualdad y tutela judicial efectiva.
El Supremo habilitó una vía para que los afectados voten si los consulados certifican que cumplen los requisitos legales marcados en la Ley de Memoria Democrática. El Defensor advierte que la falta de diligencia administrativa de los consulados podría impedir que esa solución llegue a tiempo, provocando la pérdida del voto de personas cuya nacionalidad no está cuestionada.
Arnaldo objetó que la falta de diligencia administrativa no permite dar por agotada la vía judicial y recordó que el Supremo ha emplazado a los afectados a comparecer como legitimados y formular alegaciones. El magistrado del Constitucional reconoce la legitimación del Defensor para recurrir. Sin embargo, sostiene que esa facultad no permite acudir al TC mientras subsistan medios útiles de reparación ante la justicia ordinaria.
Se espera que el Tribunal Constitucional emita su decisión sobre la admisión del recurso a más tardar el miércoles.
Sigue la cobertura: Ángel Gabilondo acude al Constitucional con recurso de amparo
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