Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso estaban en el Gobierno cuando aprobó el anteproyecto de la ley de memoria; el Pleno decide si admite el recurso
Las claves
- Juan Carlos Campo era ministro de Justicia cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática el 15 de septiembre de 2020.
- Laura Díez Bueso dirigía Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en la Presidencia cuando se aprobó el anteproyecto.
- La Sección Cuarta del Constitucional acordó por unanimidad elevar el asunto al Pleno.
- La reunión del Pleno está prevista a las diez de la mañana.
- El bloque progresista del Tribunal cuenta con siete magistrados y el conservador, con cinco.
El Tribunal Constitucional recibió el recurso de Ángel Gabilondo contra la suspensión cautelar del Supremo sobre la ley de nietos.
Dos de los doce magistrados que forman parte del tribunal, Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, habían ocupado cargos de alto nivel en el Gobierno de Pedro Sánchez cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Juan Carlos Campo era ministro de Justicia y Laura Díez dirigía Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en la Presidencia, departamentos que impulsaron la norma.
El recurso llega a un Tribunal dividido en dos bloques ideológicos, con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco conservadores, encabezada por el presidente, Cándido Conde-Pumpido. Incluso dentro de ese bloque, la magistrada María Luisa Balaguer se mostró favorable a la inadmisión del recurso durante la deliberación de la Sección Cuarta.
El 15 de septiembre de 2020, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, iniciativa presentada por la vicepresidenta Carmen Calvo. Laura Díez fue nombrada directora general de Asuntos Constitucionales el 4 de febrero de 2020 y permaneció en el cargo hasta abril de 2022, periodo en el que se elaboró y aprobó el anteproyecto.
Juan Carlos Campo dejó su cargo de ministro de Justicia el 12 de julio de 2021, ocho días antes de la aprobación definitiva del proyecto de Ley de Memoria Democrática.
La Sección Cuarta del Constitucional acordó por unanimidad elevar el asunto al Pleno, cuya reunión está prevista a las diez de la mañana.
El debate del Pleno se centrará en la admisión del recurso y en la solicitud de medidas cautelarísimas para suspender la suspensión del Supremo mientras se resuelve el litigio principal. La presencia de Campo y Díez plantea la cuestión de si su intervención previa en la elaboración de la norma exige su abstención en el procedimiento.
En 2024, el Tribunal Constitucional rechazó la recusación de magistrados por su pasado en el Gobierno de Sánchez en recursos contra la Ley de Amnistía, sentando un precedente. Sin embargo, no consta que Campo haya anunciado su abstención en el procedimiento promovido por Gabilondo.
La controversia también se alimenta de la instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplió la interpretación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera, presentó la iniciativa que contemplaba la adquisición de la nacionalidad española por descendientes de exiliados.
Corrección (20/10/2026): decía que la mayoría de siete magistrados del Constitucional es conservadora y que María Luisa Balaguer pertenece a ese bloque; la mayoría es progresista y Balaguer forma parte de ella.
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