Durante la sesión de control en el Parlament, la líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, calificó la propuesta como un «apaño» que no resuelve el acaparamiento de pisos
Las claves
- El Govern y los Comuns encallan en la negociación de la ley para limitar la compra especulativa de vivienda.
- El Executiu de Salvador Illa ha propuesto rebajar la pretensión inicial de vetar la compra de pisos para negocio.
- No se establece un límite al número de viviendas que un tenedor puede comprar.
- Jéssica Albiach, líder parlamentaria de los Comuns, calificó la propuesta del Govern como un «apaño» que no resuelve el acaparamiento.
- La propuesta del Govern busca impedir que la compra de viviendas se destine a usos turísticos, alquiler temporal o por habitaciones en municipios con emergencia habitacional.
El Executiu de Salvador Illa presentó una versión modificada de la ley que pretendía limitar la compra especulativa de vivienda. La propuesta se elaboró tras el revés del Consell de Garanties Estatutàries, que consideró que la norma original presentaba problemas de constitucionalidad.
La norma no establece un límite al número de viviendas que un tenedor pueda comprar, que era el espíritu inicial de la propuesta. El president Illa respondió que su obligación es trabajar con «rigor» para que la iniciativa no acabe embarrancada en los tribunales.
Para sortear las objeciones del Consell, la propuesta incluye un articulado que impida destinar la compra a usos turísticos, alquiler temporal o por habitaciones en municipios declarados en emergencia habitacional. Los ayuntamientos podrán aprobar planes urbanísticos que prioricen ese destino siempre que lo justifiquen debidamente. Para los grandes tenedores, definidos como poseedores de más de cinco pisos, la obligación de destinarlos a uso residencial será automática en un plazo de doce meses tras la compra.
Los Comuns no se oponen al criterio de uso residencial, pero señalan que la medida ya está contemplada en otra ley conjunta de intensificación de vivienda protegida. Albiach advirtió que la propuesta no impide que alguien acapare 100 pisos, manteniendo el problema del acaparamiento.
El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries fue contundente al señalar que la ley vulnera derechos de propiedad, herencia, libertad de empresa y competencias estatales. El órgano también consideró que la norma invade competencias estatales en materia de obligaciones contractuales y civil, imponiendo condiciones «excesivas» y «desproporcionadas» a los propietarios.
Illa defiende que los cambios son ineludibles para evitar el veto judicial, mientras los Comuns insisten en que el texto fue elaborado por expertos. Los partidos disponen hasta el 30 de octubre para presentar enmiendas ante el Consell de Garanties Estatutàries, sin visos de acuerdo por el momento.
Los Comuns han amenazado con volver a presentar la norma de julio y obligar al Govern a «retratarse» si no se alcanza un acuerdo. La consellera Sílvia Paneque está negociando con Comuns, ERC y CUP para encontrar una salida que garantice seguridad jurídica antes del pleno de la primera semana de noviembre.
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