Un diputado sin cargo cobra en 2026 una asignación de 3.366,99 euros brutos al mes, la misma para los 350, y una indemnización por gastos de 2.162,85 euros que baja a 1.032,38 si fue elegido por Madrid, según el régimen económico que publica el Congreso de los Diputados. Desde 2011 no hay pensión parlamentaria propia para los nuevos diputados.
- Solo la asignación de 3.366,99 euros y los complementos del cargo tributan en el IRPF. La indemnización por gastos queda exenta.
- La Presidencia del Congreso suma 16.493,69 euros brutos al mes, casi tres veces lo que recibe un diputado sin cargo de fuera de Madrid (5.529,84).
- Al perder el escaño se cobra una mensualidad de la asignación por cada año en la Cámara, con un tope de 24 y solo a partir de dos años de mandato.
Ver los datos del gráfico
| € | |
|---|---|
| Diputado sin cargo elegido por Madrid | 4.399,37 € |
| Diputado sin cargo | 5.529,84 € |
| Presidente de comisión | 7.242,34 € |
| Secretario de la Mesa | 8.454,87 € |
| Portavoz de grupo | 8.727,25 € |
| Vicepresidente del Congreso | 9.038,96 € |
| Presidencia del Congreso | 16.493,69 € |
La pregunta vuelve cada vez que se disuelven las Cortes, y este otoño con más razón, porque el Real Decreto 806/2026 (se abre en otra pestaña) disolvió el Congreso el 6 de octubre y la mayoría de los diputados tiene derecho a una indemnización hasta las elecciones. La respuesta corta cabe en una cifra, pero la larga explica mejor cómo funciona el Parlamento, porque el sueldo de un diputado no lo fija ninguna ley ni el Gobierno. Lo fija la propia Cámara.
Así lo quiere el artículo 71.4 de la Constitución (se abre en otra pestaña), que dice que diputados y senadores «percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras». Es una pieza de la autonomía parlamentaria, la misma que permite a cada Cámara aprobar su presupuesto. El artículo 8 del Reglamento del Congreso (se abre en otra pestaña), reformado en julio de 2025, desarrolla la idea en cuatro frases. Los diputados reciben una asignación «que les permita cumplir eficaz y dignamente su función», tienen derecho a las ayudas e indemnizaciones por gastos indispensables, todo lo que cobran está sujeto a las normas tributarias generales y la Mesa del Congreso fija cada año las cuantías dentro de su presupuesto.
Qué parte es sueldo y qué parte es gasto
Las cifras de 2026 están en la página de régimen económico y ayudas (se abre en otra pestaña) del Congreso, actualizada el 16 de octubre. La asignación constitucional es de 3.366,99 euros al mes e idéntica para todos, sea cual sea el partido o la provincia. A ella se suman complementos si el diputado ocupa un cargo en la Mesa, en la Junta de Portavoces o en una comisión, y los de un mismo tipo no se acumulan. Un portavoz de grupo añade 2.087,08 euros de gastos de representación y 1.110,33 de libre disposición. Un presidente de comisión suma 1.712,50 euros. La Presidencia de la Cámara reúne tres complementos que superan juntos los 10.900 euros.
La otra mitad del dinero no es sueldo en sentido estricto. Cada diputado recibe una indemnización mensual para los gastos que le genera su actividad, de 2.162,85 euros si representa a una provincia distinta de Madrid y de 1.032,38 si fue elegido por Madrid. La diferencia, 1.130,47 euros al mes, responde a la lógica del concepto, porque quien vive a cientos de kilómetros tiene que mantener una segunda residencia en la capital y el madrileño no. Por esa misma naturaleza de gasto, el Congreso la considera exenta. La base está en el artículo 17.2.b de la Ley del IRPF (se abre en otra pestaña), que trata como rendimiento del trabajo lo que cobran diputados y senadores, con exclusión de la parte que las instituciones asignen a gastos de viaje y desplazamiento.
De ahí sale el dato que más confunde en los debates públicos. Un diputado de Soria o de Cádiz recibe 5.529,84 euros brutos al mes, pero solo 3.366,99 pasan por la declaración de la renta. El de Madrid recibe 4.399,37 y tributa exactamente lo mismo. Para viajar, el Congreso paga directamente al transportista los billetes de avión, tren o barco, abona 0,26 euros por kilómetro a quien usa su coche y da a quien no tiene vehículo oficial una tarjeta de taxi para Madrid con un límite de 3.000 euros al año. Las dietas, de 120 euros diarios en España y 150 en el extranjero, solo se pagan en los viajes oficiales que autoriza la Mesa.
¿Tienen los diputados una pensión especial?
Ya no. El Reglamento de pensiones parlamentarias (se abre en otra pestaña) que aprobaron las Mesas del Congreso y del Senado en julio de 2006 creó un complemento para el exparlamentario con al menos siete años de mandato, que cobraba la diferencia entre su pensión y el 80, el 90 o el 100 % del límite máximo de las pensiones públicas, según los años en la Cámara. Su exposición de motivos lo justificaba por la necesidad de situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países del entorno. La reforma del 19 de julio de 2011 lo derogó y solo lo conservan quienes ya habían generado el derecho el día en que se constituyeron las Cámaras de la X Legislatura.
Desde entonces un diputado se jubila con la pensión de la Seguridad Social que le corresponda por sus cotizaciones, como cualquier trabajador. Lo que hace la Cámara es pagar esas cotizaciones. El artículo 9 del Reglamento del Congreso (se abre en otra pestaña) pone a cargo de su presupuesto las cuotas a la Seguridad Social o a la mutualidad de quienes dejan su empleo para dedicarse al escaño, y las de clases pasivas si el diputado es funcionario en excedencia. El mismo reglamento de 2006 previó además una aportación del 10 % de la asignación a un plan de previsión social, pero las Mesas de ambas Cámaras la suspendieron el 25 de enero de 2012, según la página de protección social (se abre en otra pestaña) del Congreso.
Qué cobra al dejar el escaño
La norma de 2006 parte de un problema real que su preámbulo explica sin rodeos, que el mandato parlamentario no genera derecho a prestación por desempleo. Para cubrir la vuelta a la vida profesional existe la indemnización por cese, regulada en los artículos 13 y 14. Equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato o fracción superior a seis meses, con un máximo de 24, y se cobra mes a mes. Hace falta haber estado al menos dos años en las Cortes, aunque se pueden sumar mandatos. Es incompatible con cualquier otro sueldo, pensión o ingreso, público o privado, y se suspende si el exdiputado vuelve a la Cámara. Quien acumula cuatro años de escaño puede cobrar cuatro mensualidades, 13.467,96 euros brutos en total con la cuantía de 2026.
La disolución tiene además su propia regla, la indemnización de transición del artículo 11, pensada para el tiempo en que nadie sabe si volverá a ser elegido. Es un pago único que fija la Mesa de cada Cámara. Para estas elecciones la Mesa de la Diputación Permanente acordó el 13 de octubre de 2026 que equivalga a todos los conceptos retributivos que cada diputado cobraba al disolverse el Congreso, calculados desde el día siguiente a la publicación del real decreto hasta la víspera de las elecciones. Son 53 días, del 7 de octubre al 28 de noviembre. Para un diputado sin cargo, cuyo único concepto retributivo en la clasificación del propio Congreso es la asignación, eso da en torno a 5.900 euros brutos según el cálculo de Capitol con prorrateo diario. Tributa entera y, salvo las excepciones de la Ley 3/2015, es incompatible con cualquier otra retribución pública o privada y con una pensión de jubilación.
No la reciben los miembros de la Diputación Permanente (se abre en otra pestaña), titulares y suplentes, porque siguen en activo. Ellos mantienen la asignación, la indemnización por gastos y un complemento equivalente a lo que cobraban al disolverse la Cámara hasta la víspera de la sesión constitutiva, que el decreto fija para el 23 de diciembre. Para saber cuántos de ellos lo conseguirán, el simulador de pactos (se abre en otra pestaña) de Capitol traduce la media de encuestas en escaños, y el glosario electoral (se abre en otra pestaña) del especial del 29-N (se abre en otra pestaña) aclara el resto de términos.
El dinero de la actividad política en el Congreso no pasa solo por los diputados. El artículo 28 del Reglamento (se abre en otra pestaña) obliga a dar a cada grupo parlamentario una subvención fija igual para todos y otra variable según su tamaño, que en 2026 son 30.346,72 euros al mes por grupo y 1.746,16 por cada diputado. La cifra de un escaño se entiende así mejor como la suma de una asignación igual para todos, unos gastos tasados y una red de seguridad que se ha estrechado desde 2011.
Comentarios