Pensiones 2027, una subida en torno al 3,5 % en pleno relevo

Las pensiones subirán en enero de 2027 en torno al 3,5 %, porque la media del IPC de los diez meses que ya ha publicado el INE es del 3,33 %. Costará unos 7.000 millones al año y, con los presupuestos prorrogados, tendrá que aprobarla por decreto un Gobierno en funciones o recién investido tras el 29-N.

• Si octubre y noviembre repiten el 4,9 % de septiembre, la subida será del 3,6 %. Aunque los dos meses bajaran al 2,9 %, no quedaría por debajo del 3,3 %, según el cálculo de Capitol con los datos del INE.
• Cada punto de subida cuesta unos 2.030 millones de euros al año. Es el 1 % de la nómina de septiembre de 2026 (10.547.417 pensiones contributivas y 14.498 millones al mes) multiplicada por catorce pagas.
• En 2025 y en 2026 el Congreso derogó en enero el primer decreto de revalorización y el Gobierno tuvo que aprobar otro. El de 2027 lo votará un Congreso recién elegido, en el que PP y Vox suman hoy 199 escaños según la media de Capitol.

La subida de las pensiones de 2027 está casi escrita y no la decidirá ningún partido. Desde la Ley 21/2021, el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social manda revalorizar todas las pensiones contributivas «al comienzo de cada año» con la media de las tasas interanuales del IPC de diciembre a noviembre. La incógnita es otra, y más incómoda. La revalorización llegará en plena transición entre dos gobiernos, con un Congreso que no se constituye hasta el 23 de diciembre, y la ley que la ordena no basta por sí sola para que el pensionista la cobre.

Empecemos por la cifra. El INE ha publicado ya diez de los doce meses que cuentan. Diciembre de 2025 cerró en el 2,9 %, enero y febrero bajaron al 2,3 %, la primavera se mantuvo en torno al 3,2 % y el verano disparó la tasa hasta el 3,6 % de julio, el 4,3 % de agosto y el 4,9 % de septiembre. La media de esos diez meses es del 3,33 %. Como los dos que faltan pesan una sexta parte del total, el margen es estrecho. Con octubre y noviembre al 4,9 %, la revalorización sería del 3,6 %. Con los dos al 4 %, del 3,4 %. Solo si los dos meses bajaran de media del 2,85 % quedaría la subida por debajo del 3,3 %.

Es casi un punto más que en 2026, cuando las pensiones subieron el 2,7 % según el Real Decreto 39/2026. La fórmula es la misma, pero el año de inflación que entra en el cálculo es más caro. Y como la media mira hacia atrás, el repunte del verano se cobrará en 2027 aunque los precios se moderen en invierno.

Una ley automática que necesita una firma

Si el artículo 58 es automático, ¿por qué hace falta un decreto? La respuesta está en el propio Gobierno. El preámbulo del Real Decreto-ley 3/2026 lo dice sin rodeos, cuando explica que la actualización de las pensiones «no es, como regla general, objeto de la prórroga presupuestaria» y que, en esa situación, el Gobierno «debe acudir a la aprobación de un real decreto-ley». España funciona con los presupuestos de 2023, que suman ya más de mil días prorrogados, como contamos en el análisis de los presupuestos prorrogados. Sin ley de presupuestos nueva, cada enero la subida depende de un decreto-ley que el Congreso tiene que convalidar en treinta días.

Y ese paso ha fallado dos años seguidos. El Real Decreto-ley 9/2024, que incluía la revalorización de 2025 junto a medidas económicas, tributarias y de transporte, fue derogado por el Congreso el 22 de enero de 2025, según la resolución publicada en el BOE. El Gobierno aprobó otro el 28 de enero, el 1/2025, convalidado el 12 de febrero. Un año después se repitió la secuencia. El Real Decreto-ley 16/2025, que mezclaba la subida con medidas de vulnerabilidad social y tributarias, cayó el 27 de enero de 2026 (BOE-A-2026-2024), y el 3/2026, que ya llevaba la revalorización en el título, se convalidó el 26 de febrero.

Los pensionistas no perdieron dinero en ninguno de los dos casos. El mismo preámbulo del 3/2026 recuerda que habían «visto incrementadas sus pensiones en el mes de enero». Pero los dos episodios enseñan dónde está el riesgo. El Congreso vota cada decreto-ley en bloque, con un solo sí o no, y en los dos casos la subida viajaba junto a medidas que nada tenían que ver con ella.

Quién firma el 1 de enero

Aquí entra el calendario del 29-N. El Gobierno cesa tras la celebración de las elecciones y sigue en funciones hasta que tome posesión el siguiente, según el artículo 21 de la Ley del Gobierno. Ese mismo artículo le obliga a limitarse al «despacho ordinario de los asuntos públicos» y a abstenerse de otras medidas «salvo casos de urgencia debidamente acreditados». Las nuevas Cortes se constituyen el 23 de diciembre, de modo que a la investidura le quedarían ocho días para llegar antes de Año Nuevo.

Hay dos precedentes, y apuntan en direcciones opuestas. En 2011 las elecciones también fueron a finales de noviembre, el día 20. Mariano Rajoy fue nombrado presidente el 20 de diciembre (Real Decreto 1822/2011) y su Gobierno aprobó diez días después, en el Real Decreto-ley 20/2011, una subida del 1 % para 2012. Hubo tiempo porque el PP había ganado la mayoría absoluta, con 186 escaños.

En 2019 no hubo esa suerte. Con las elecciones del 10 de noviembre y un Gobierno en funciones, el Real Decreto-ley 18/2019 de 27 de diciembre dejó constancia de la intención de subir las pensiones un 0,9 %, pero no la aplicó. El Real Decreto-ley 1/2020 lo explicó después, al decir que ante las limitaciones del Gobierno en funciones «resultó inevitable posponer la aplicación de esta medida hasta la formación de un nuevo Gobierno». Pedro Sánchez fue investido el 7 de enero y la subida se aprobó el 14, con efectos desde el 1 de enero.

El 29-N abre, por tanto, dos caminos. Si sale una mayoría clara y la investidura es tan rápida como en 2011, el nuevo Gobierno firmará el decreto en los últimos días de diciembre. Si la formación del Gobierno se alarga, el Ejecutivo en funciones tendrá que decidir si la subida es una urgencia «debidamente acreditada», lo que en 2019 el Gobierno en funciones no hizo, o si repite el aplazamiento. En ambos casos el decreto lo convalidarán los diputados elegidos el 29-N. Con la media de 26 encuestas de los últimos 28 días que calcula el agregador de Capitol (22 de octubre), el PP tendría 132 escaños, el PSOE 106 y Vox 67. Para convalidar basta con más síes que noes, una aritmética que dependerá de quién firme el decreto y de qué otras medidas meta en él.

El porcentaje es igual para todos, pero los euros no. La pensión contributiva media era de 1.374,57 euros al mes en septiembre, según la estadística de la Seguridad Social, y un 3,5 % le añadiría 48 euros. La de jubilación, de 1.576 euros, ganaría 55. Entre provincias la distancia es mayor de lo que suele pensarse. La pensión media de Ourense, 1.027 euros, subiría 36 euros al mes. La de Álava, 1.711 euros, ganaría 60. La subida en porcentaje reproduce, en euros, la distancia entre las carreras de cotización de cada territorio.

Un electorado que vota más y en otra dirección

La política de pensiones pesa en campaña por la composición del electorado. En el último barómetro del CIS con microdatos, el estudio 3530 de noviembre de 2025, los jubilados y pensionistas son el 26,3 % de los entrevistados, ponderados con el peso del propio CIS. Además votan con más seguridad, porque el 76,3 % se da un 10 sobre 10 de probabilidad de ir a votar, frente al 69,0 % del resto.

También votan distinto. En voto más simpatía, el 36,1 % de los pensionistas se inclina por el PSOE y el 22,5 % por el PP, frente al 23,5 % y el 15,6 % del resto de entrevistados. Vox reúne el 7,6 % entre los pensionistas y el 16,9 % entre los demás, menos de la mitad. Conviene leer estas cifras con cautela, porque el CIS sobrerrepresenta el voto socialista en el recuerdo de 2023, y lo más fiable es la comparación entre grupos y no el nivel de cada partido. Esa comparación encaja con lo que ya mostró el perfil de edad de quién vota a Vox. Los dos grandes partidos se juegan en las pensiones una parte de su base mucho mayor que Vox, y eso ayuda a entender por qué las pensiones han entrado esta semana en la precampaña.

Hay matices que nuestro cálculo no recoge. Las pensiones mínimas y las no contributivas suelen tener subidas propias, y las de Clases Pasivas del Estado se pagan fuera de la nómina de la Seguridad Social, así que el coste total será algo mayor que los 7.100 millones que salen de aplicar un 3,5 % a las contributivas. Tampoco sabemos cuántas pensiones nuevas entrarán hasta enero, ni si la inflación de otoño confirmará el repunte del verano.

Hay tres fechas que vigilar. La primera, el IPC adelantado de octubre, que el INE publica a finales de este mes y que ya dirá si la subida se acerca más al 3,4 % o al 3,6 %. La segunda, el dato definitivo de noviembre en diciembre, que cerrará la cifra. La tercera, y la más política, el día en que se forme Gobierno tras el 29-N. Si llega antes del 31 de diciembre, la subida se firmará a tiempo. Si no, la subida tendrá que esperar, como en 2020, a que alguien con plenos poderes apruebe lo que la ley ya ha decidido.