La madrugada del domingo 25 de octubre España atrasará el reloj por quincuagésima vez desde 2002, según el calendario fijo del Real Decreto 236/2002. El Parlamento Europeo votó suprimir el cambio el 26 de marzo de 2019 y, 2.768 días después, los Gobiernos de la UE siguen sin fijar su postura.
- A las 3.00 de la Península serán las 2.00, y a las 2.00 en Canarias será la 1.00. El cambio se hace en el mismo instante en toda España, a la 1.00 de tiempo universal.
- Si se hubiera aprobado la fecha que proponía la Comisión Europea en 2018, este sería el decimocuarto cambio de hora de más. Con la que votó el Parlamento, el décimo.
- El expediente 2018/0332(COD) figura en el Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo como «pendiente de la posición del Consejo en primera lectura».

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| Fecha final de la Comisión (2019) | Fecha final del Parlamento (2021) | |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 |
| 2022 | 6 | 2 |
| 2023 | 8 | 4 |
| 2024 | 10 | 6 |
| 2025 | 12 | 8 |
| 2026 | 14 | 10 |
Cada otoño vuelve la misma pregunta, y cada otoño la respuesta es más incómoda para las instituciones europeas. El cambio de hora no sigue porque nadie haya decidido mantenerlo. Sigue porque una de las dos partes que tienen que decidir no ha decidido nada. La propuesta para suprimirlo existe, el Parlamento Europeo la aprobó con holgura y desde entonces el texto espera en el Consejo de la Unión Europea, la institución donde se sientan los Gobiernos. Mientras no haya una nueva directiva, la vigente obliga a todos los Estados miembros a cambiar la hora dos veces al año, y España no puede salirse por su cuenta.
Una regla fija desde 2002
La norma que manda mover el reloj este domingo es el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo (se abre en otra pestaña), que incorporó al derecho español la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001. Su preámbulo explica bien por qué esa directiva fue distinta de las ocho anteriores, que desde 1981 se limitaban a fijar un calendario para unos pocos años. La de 2001 no tiene plazo. Establece una fórmula que sirve para siempre, en la que el horario de verano empieza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre, en ambos casos a la una de la madrugada en tiempo universal.
De esa fórmula sale la hora exacta de este domingo. España tiene dos horas oficiales, la de la Península y Baleares y la de Canarias, y el real decreto quiso que el cambio fuera simultáneo en todo el territorio y en toda la Unión. Por eso en la Península se pasa de las 3.00 a las 2.00 y en Canarias de las 2.00 a la 1.00. Desde 2002 se han hecho dos cambios cada año, y el del 25 de octubre de 2026 es el número 50 bajo la misma regla, según el cálculo de Capitol con el calendario de la directiva.
El mismo preámbulo recuerda que la costumbre es mucho más antigua y nunca fue estable. La primera norma española, el Real Decreto de 3 de abril de 1918, adelantaba la hora «como medio de conseguir el ahorro de carbón». Después vinieron órdenes anuales e intermitentes, un paréntesis completo entre 1950 y 1973 y la recuperación en 1974, con carácter general en Europa, ante la crisis del petróleo. El argumento energético que justificó el horario de verano nació en dos crisis de suministro y es precisamente el que la Comisión Europea consideró después poco concluyente.
Lo que votó Europa en 2019
La Comisión presentó el 12 de septiembre de 2018 la propuesta COM(2018) 639 para acabar con los cambios estacionales y derogar la directiva de 2001. Según el resumen oficial del Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo (se abre en otra pestaña), la apoyaba en una consulta pública que recibió unos 4,6 millones de respuestas, el 84 % favorables a suprimir el cambio. Una consulta abierta no es una muestra representativa, porque responde quien quiere, pero recogía un malestar que el Parlamento ya había expresado en su resolución del 8 de febrero de 2018, cuando pidió a la Comisión que evaluara el sistema.
La propuesta era ambiciosa en los plazos. El último horario de verano obligatorio empezaría el 31 de marzo de 2019, y los países que quisieran quedarse con la hora de invierno harían un último cambio el 27 de octubre de ese año. Cada Estado elegiría su hora permanente, que es una competencia nacional, y la Unión solo prohibiría seguir cambiándola por estaciones.
El Parlamento Europeo la aprobó en primera lectura el 26 de marzo de 2019 por 410 votos a favor, 192 en contra y 51 abstenciones, pero retrasó el calendario a 2021. El último cambio sería en marzo de 2021 para quien quisiera el horario de verano permanente y en octubre de 2021 para quien prefiriera el de invierno. Añadió además un mecanismo de coordinación entre los Estados y la Comisión, porque el riesgo real de la reforma no es perder una hora de sol por la tarde, sino acabar con un mosaico de husos dentro del mercado interior. El gráfico de arriba mide el tamaño del retraso. Contados desde la fecha final de la Comisión, este domingo será el decimocuarto cambio que no debería haber existido, y desde la fecha final que votó el Parlamento, el décimo.
Por qué está parado y qué haría falta
En el procedimiento legislativo ordinario el Parlamento y el Consejo deciden en pie de igualdad. Después de la primera lectura del Parlamento, el Consejo tiene que adoptar su posición por mayoría cualificada, que exige el 55 % de los Estados miembros y que estos representen el 65 % de la población de la Unión (art. 16.4 del Tratado de la Unión Europea). La ficha del procedimiento solo registra una reunión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía sobre este asunto, la del 3 de diciembre de 2018, anterior incluso al voto del Parlamento. La última anotación es del 13 de noviembre de 2024, cuando el Parlamento elegido ese año decidió retomar el expediente heredado de la legislatura anterior. El estado oficial sigue siendo el mismo, a la espera de la posición del Consejo en primera lectura.
El bloqueo tiene una lógica que se entiende mejor con un mapa que con un reglamento. Suprimir el cambio obliga a cada Gobierno a elegir entre horario de verano o de invierno para siempre, y esa elección no es neutral. Un país en el extremo occidental de su huso, como España, ganaría luz por la tarde con el horario de verano permanente y amanecería muy tarde en invierno. Uno en el extremo oriental viviría lo contrario. Si los vecinos eligen distinto, aparecen fronteras horarias nuevas en medio del mercado único, con efectos sobre el transporte, los horarios de mercados o la programación de vuelos. Por eso la directiva propuesta dejaba libertad a cada país pero pedía coordinarse, y por eso ningún Gobierno ha querido ser el primero en concretar su elección sin saber la del resto.
España añade una rareza propia. La mayor parte de la Península queda al oeste del meridiano de Greenwich, que cruza España por Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana, y aun así se rige por el horario de Europa central, una más que Portugal y Canarias en invierno y dos más que el tiempo universal en verano. Cualquier debate sobre la hora permanente reabre por tanto otro más hondo, el del huso. Esa sí es una decisión nacional, y la propuesta europea lo dice expresamente, porque cada Estado conserva el derecho a cambiar su hora oficial siempre que no lo haga por estaciones y avise con antelación.
Para que el cambio desapareciera haría falta, primero, que el Consejo aprobara su posición por esa mayoría cualificada. Después, que el Parlamento la aceptara en segunda lectura o que ambas instituciones pactaran un texto común. Y por último, un plazo de adaptación, que en 2019 se fijó en más de dos años para que cada país notificara su hora permanente y las compañías de transporte reprogramaran sus servicios. Aunque el Consejo desbloqueara el expediente mañana, con los plazos que el Parlamento consideró necesarios en 2019 pasarían unos dos años más antes del último cambio. La otra salida es que la Comisión retire la propuesta, algo que tampoco consta.
Las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrarán ya con la hora de invierno. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija la votación de las nueve a las veinte horas en cada mesa (art. 84.1 LOREG (se abre en otra pestaña)), y la hora es siempre la local. Las mesas canarias cerrarán, por tanto, una hora más tarde que las de la Península, como en todas las generales celebradas en otoño o invierno, y el escrutinio de las islas se incorpora con ese desfase a la noche electoral. Es un detalle práctico, pero explica por qué los últimos escaños de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, dos de las provincias con el reparto más ajustado en la proyección de Capitol para el 29-N, se resuelven con los votos de las mesas que cierran más tarde.
Lo que se sabe es que el domingo se atrasa el reloj, que la norma europea que lo obliga sigue en vigor y que su sustituta lleva siete años sin pasar del Consejo. Lo que no se sabe es cuándo votarán los Gobiernos ni qué hora elegiría cada uno. Ningún documento oficial del procedimiento europeo fija hoy una fecha. Hasta que la haya, el cambio de hora seguirá siendo lo que ha sido desde 2002, una costumbre que casi nadie defiende y que nadie ha terminado de derogar. Los términos electorales de esta pieza están explicados en el glosario electoral de Capitol.


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