El TSJ otorga al conseller Marciano Gómez un mes para remitir la información sobre los 331 millones de euros pagados en 2024-2025 a centros privados
Las claves
- En febrero se solicitaron datos de pagos a centros privados por derivación de intervenciones y pruebas diagnósticas en 2024 y 2025.
- El conseller respondió en abril diciendo que era «complejo» y solo entregó una lista de empresas sin cifras.
- Marciano Gómez remitió una «ampliación de información» con datos por bienios, admitiendo 331 millones desembolsados en 2024-2025.
- La Conselleria filtró a un medio datos del periodo 2022-2023, describiéndolos como «cocinados».
La portavoz socialista de Les Corts, Yaissel Sánchez, informó que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, había sido sentenciado por el TSJ por vulneración de derechos, aunque la Consellería asegura que la sentencia aún no es firme y no hay condena.
La sentencia obliga al conseller a remitir en un plazo de un mes la información solicitada sobre los pagos a empresas de la sanidad privada en los ejercicios de 2024 y 2025. Sánchez criticó que el conseller hubiera negado la información con «excusas grotescas», como la imposibilidad de proporcionar datos por bienios, calificándolas de «una tomadura de pelo».
En febrero pasado, Sánchez había presentado varias solicitudes bajo el artículo 12 del Reglamento de Les Corts para obtener datos de los pagos a centros privados por derivación de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en 2024 y 2025. El conseller respondió a principios de abril alegando que la información era «compleja» y entregó únicamente una lista de empresas sin cifras ni totales.
Ante la negativa, Sánchez interpuso un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el TSJCV. Días después, Marciano Gómez envió una «ampliación de información» con datos por bienios, admitiendo que entre 2024 y 2025 había desembolsado 331 millones de euros a centros, clínicas y hospitales privados.
Antes de que la información llegara a Les Corts, la Consellería filtró a un medio los datos del periodo 2022-2023, describiéndolos como «cocinados» para minimizar su impacto.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV dictó sentencia estimando la demanda y anulando la resolución impugnada por ser contraria al ordenamiento jurídico y por no haber facilitado la información separada por ejercicios. El tribunal declaró vulnerado el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución y fijó un plazo máximo de un mes para la entrega de la información requerida.
Sánchez afirmó que la falta de transparencia era tan evidente que el TSJCV había dado la razón al parlamentario y había sentenciado las «marrullerías» del conseller. La Consellería reiteró que la sentencia solo estima la demanda, que ampliará la información y que no hay condena en costas, a diferencia de los cerca de 70.000 euros abonados por 97 solicitudes sin respuesta entre 2020 y 2023 bajo el anterior gobierno.
Fuentes
Cobertura de Capitol
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