Zona catastrófica por la dana Adam, qué ayudas abre y cuáles no

El Consejo de Ministros declaró el 27 de octubre de 2026 zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la llamada zona catastrófica, los territorios de 45 emergencias en nueve comunidades, la dana Adam incluida. Según la referencia del Gobierno, el acuerdo abre la puerta a las ayudas, pero no fija cuantías y cada daño habrá que acreditarlo.

• La lista del acuerdo reúne 45 emergencias comunicadas entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre. Baleares suma 17, Cataluña 9, Andalucía 5 y la Comunitat Valenciana 4, según el recuento de Capitol.
• De esas 45, 34 son lluvias, tormentas o inundaciones, 7 son incendios forestales y 4 son accidentes y otros sucesos, entre ellos un camión de mercancías peligrosas en la A-1 y el incendio de una residencia.
• El Gobierno no está en funciones, porque eso solo ocurre después de las elecciones del 29-N, así que pudo aprobar la declaración con todas sus facultades.

La expresión «zona catastrófica» no aparece en ninguna ley vigente, aunque todo el mundo la use, desde los alcaldes de la Safor hasta el presidente del Gobierno. Lo que existe es la figura que regula el artículo 23 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, la «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil». La declara el Consejo de Ministros a propuesta de Hacienda e Interior, puede pedirla cualquier administración interesada y debe incluir «en todo caso» la delimitación del área. El criterio legal es amplio. Basta con daños personales o materiales que perturben gravemente la vida de la población o que paralicen servicios públicos esenciales.

Eso es lo que aprobó el Consejo de Ministros este martes. Pedro Sánchez lo había anunciado en Oliva el 20 de octubre, como recogió Capitol, y antes la había pedido el Consell de Juanfran Pérez Llorca. El 26 de octubre, el vicepresidente Carlos Cuerpo dijo en la misma localidad que la declaración llegaría el martes. Ha llegado en la fecha prometida, pero con un alcance mucho mayor que la dana.

Una declaración para 45 emergencias, no solo para Adam

La referencia oficial del Consejo de Ministros del 27 de octubre trae una lista de 45 emergencias con su provincia, su comunidad y la fecha en que se comunicó al centro nacional de seguimiento de emergencias. Capitol las ha contado una a una. Baleares encabeza la lista con 17 episodios, casi todos lluvias, tormentas e inundaciones en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La siguen Cataluña con 9, Andalucía con 5 y la Comunitat Valenciana con 4. Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León tienen dos cada una.

La dana Adam es, según la propia referencia, el episodio «de mayor gravedad». Afectó desde el 17 de octubre al Mediterráneo peninsular y a Baleares, con especial dureza en la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante), y su balance provisional es de siete muertos. En la lista, las emergencias comunicadas desde ese día son diez, siete en Baleares, dos en la Comunitat Valenciana y una en Andalucía. El resto del acuerdo cubre otro mes entero de sucesos. Están el incendio de Tuéjar, que quemó 748,90 hectáreas e hirió a dos bomberos forestales, los de Quiroga (Lugo) y Calvos de Randín (Ourense) y las lluvias de Cataluña del 1 al 8 de octubre, que dejaron 361,3 litros por metro cuadrado en Granollers.

El dato que más dice sobre la ley es el de la última barra. Cuatro de las 45 emergencias no tienen nada de meteorológico. Hay una incidencia aeronáutica en el aeropuerto de El Prat, una avería ferroviaria en Girona, el incendio de una residencia en L’Ametlla del Vallès y el accidente de un camión de mercancías peligrosas en la A-1, a la altura de Villamayor de los Montes (Burgos). La Ley 17/2015 no habla de catástrofes naturales sino de emergencias de protección civil, y por eso cabe en el mismo acuerdo un temporal que mata a siete personas y un accidente de tráfico que obliga a activar un plan de emergencia.

Hay un detalle menor que conviene anotar. El título del acuerdo habla de emergencias producidas desde el 11 de septiembre, mientras que la nota explicativa y la lista empiezan el 13. La diferencia no cambia ninguna ayuda, pero muestra por qué el texto que manda es el que se publique en el Boletín Oficial del Estado, con la delimitación exacta de cada área.

Qué ayudas abre y quién las paga

La declaración no reparte dinero por sí sola. Activa el catálogo del artículo 24 de la misma ley, que el Gobierno concreta acuerdo a acuerdo, y la referencia del 27 de octubre deja claro que «la efectividad de las medidas» depende de que cada persona o entidad acredite sus daños. Desde ya se pueden pedir a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, ayudas por daños personales, por la vivienda y los enseres, por los gastos de los ayuntamientos, por los daños en comercios, industrias y servicios y para quienes prestaron sus medios en la emergencia.

Lo demás llega por ministerios. Hacienda concretará la exención del IBI y la rebaja del IAE de este año, y la ley obliga a compensar a los ayuntamientos lo que dejen de ingresar. Las ayudas por daños personales no tributan en el IRPF. Trabajo y Seguridad Social podrán aprobar bonificaciones y exenciones de cuotas, y la ley permite tratar como fuerza mayor los ERTE y despidos causados por la emergencia, lo que exonera a la empresa de cotizar mientras dure la suspensión. Política Territorial pagará hasta el 50 % de las obras municipales de reparación. Todos los ministerios podrán tramitar como emergencia las obras en sus infraestructuras, sin el procedimiento ordinario de contratación. La ley también prevé eximir de las tasas de Tráfico los duplicados de permisos y las bajas de vehículos siniestrados, pero sobre eso y sobre el DNI la referencia solo dice que «se estudiará».

Queda fuera un actor que en una dana suele pesar más que todos los ministerios, el Consorcio de Compensación de Seguros. Paga los daños por inundación de los bienes asegurados con cualquier póliza, sin esperar a ninguna declaración. Por eso el vicepresidente Cuerpo habló el 26 de octubre de unas 13.000 solicitudes recibidas, cerca de la mitad de Oliva, y anunció 150 peritos más. Las ayudas del Estado completan lo que no cubre el seguro y llegan después, cuando se ha valorado el daño. En la dana de octubre de 2024, según comparó el propio Cuerpo, el Consorcio llegó a tramitar más de 250.000 solicitudes.

Puede un Gobierno con las Cortes disueltas aprobar ayudas

Sí, y sin ninguna limitación especial. El Gobierno de Pedro Sánchez no está en funciones. El artículo 101 de la Constitución y el artículo 21.1 de la Ley 50/1997 del Gobierno dicen que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. Hasta el 29 de noviembre conserva todas sus facultades, aunque el Congreso y el Senado estén disueltos. Lo explicamos en la pieza sobre qué es un Gobierno en funciones.

Incluso un Gobierno en funciones podría haberlo hecho. El artículo 21.3 de la Ley 50/1997 limita su gestión al despacho ordinario, salvo en «casos de urgencia debidamente acreditados» o por razones de interés general. Una declaración de emergencia con siete muertos es el ejemplo de manual de esa excepción. Y no necesita convalidación parlamentaria, porque es un acuerdo del Consejo de Ministros que aplica una ley ya vigente, no un decreto-ley. Así, la Diputación Permanente, que sí tendrá que votar los decretos-ley pendientes, no tiene nada que decir sobre este.

Otra cosa es el periodo electoral. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe desde la convocatoria que los poderes públicos organicen actos de inauguración o hagan campañas que presuman de logros, pero no les impide gobernar ni tramitar ayudas. Las visitas a zonas dañadas y los anuncios de ayudas en plena precampaña caen en esa frontera, que ya ha llevado a las juntas electorales a pronunciarse en otros casos, como contamos en la pieza sobre lo que el Gobierno puede hacer en periodo electoral.

Lo siguiente es la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, que dirá qué territorios exactos entran en cada episodio. Las referencias del Consejo de Ministros solo citan comarcas y provincias, así que hasta entonces nadie puede decir con un documento oficial en la mano si un municipio concreto está dentro. Después vendrán las órdenes y resoluciones de cada ministerio con sus plazos de solicitud. La referencia avisa además de que el acuerdo «podrá complementarse» cuando se termine de evaluar el daño, que en la Safor y la Marina Alta sigue «en curso».

Para el 29-N, la consecuencia es sobre todo de calendario. Las primeras ayudas se tramitarán en plena campaña, que empieza el 13 de noviembre, en provincias que reparten muchos diputados. Valencia elige 16, Alicante 12 y Baleares 8, según el real decreto de convocatoria. Los dos grandes partidos coincidieron en pedir la declaración, el Gobierno del PSOE desde Moncloa y el Consell del PP desde Valencia, y la discusión que queda es la de la rapidez y la cuantía. Esa es la que se podrá medir con datos cuando se publiquen las órdenes de ayudas. Todo el calendario electoral está en el especial de las elecciones del 29-N.