El Ministerio del Interior ha asegurado a la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de finales de julio, que no recibió ningún aviso que anticipara un riesgo de esa magnitud y que no era previsible.
El Ministerio del Interior respondió al requerimiento de la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional. El organismo, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, entregó alertas, informes, correos y documentación operativa entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
El Ministerio afirmó que la información recibida antes del 30 y 31 de julio exponía circunstancias ya conocidas y gestionadas por las fuerzas de seguridad. En los días precedentes a la entrada masiva irregular en Ceuta no se recibió alerta, informe o comunicado que anticipara el riesgo.
La Guardia Civil elaboró el 8 de julio una nota de despacho sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo. Según esa nota, la sentencia impedía el rechazo en frontera de quienes llegan por mar, obligaba a tramitar de forma individual cada expulsión y aumentaba la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, sobre todo a nado.
Tras la sentencia, el Ministerio puso en marcha un proceso de adaptación de su modelo operativo de control fronterizo. Se dio continuidad a la mejora de los sistemas tecnológicos de detección temprana y a la tramitación de procedimientos iniciados antes.
Se preveía un aumento de la presión migratoria, pero no un episodio masivo. Los días 28 y 29 de julio se registró la entrada de 713 personas y la interceptación de 850 por fuerzas marroquíes. El Ministerio sostuvo que esos episodios no permitían anticipar una ruptura súbita del escenario operativo conocido.
En julio se contabilizaron 3.883 entradas y tentativas, cifras que, según Interior, no se salían de lo visto en veranos anteriores, y agosto es tradicionalmente el mes en que más crece en Ceuta la presión migratoria a nado. El escenario previsible podía afrontarse con las capacidades de las fuerzas de seguridad y refuerzos progresivos.
El Ministerio reforzó la Policía Nacional y la Guardia Civil y mantuvo contacto permanente con la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta.
La crisis de los días 30 y 31 de julio constituyó un cambio cualitativo de escenario, no una mera intensificación. A partir de ese momento, la posibilidad de nuevos acontecimientos desbordantes dejó de ser una hipótesis abstracta y pasó a ser un riesgo acreditado.
El nuevo escenario determinó la urgencia de instalar elementos de contención fronteriza, solicitar financiación europea y reforzar las capacidades de seguridad.
Todas las medidas adoptadas están sujetas a una evaluación y adecuación permanentes según la evolución del fenómeno.
Corrección (27/10/2026): el texto decía que la sentencia del Tribunal Supremo impedía la tramitación individualizada de las expulsiones; según la nota de la Guardia Civil, la obligaba.
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