Vox presentará alegaciones a las bases de las nuevas ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Ibiza, aprobadas inicialmente en el pleno del lunes 26 de octubre, para que den prioridad nacional a la «gente de aquí», con criterios de arraigo, años de empadronamiento y cotizaciones.
Las claves
- Vox presentará alegaciones durante 30 días tras la aprobación inicial de las bases.
- Vox quiere criterios de arraigo y necesidad económica en las bases.
- Vox exige que los recursos municipales se destinen a quienes tienen vínculo real con la ciudad.
- Héctor Andrés defiende que las ayudas deben ir a quienes viven de forma efectiva en Ibiza y tienen necesidad económica.
- Vox propone prioridad nacional frente al modelo del PP basado en situación económica y familiar.
El Ayuntamiento de Ibiza, gobernado por el PP, aprobó inicialmente las bases reguladoras en el pleno del lunes.
Vox presentará alegaciones durante el periodo de exposición pública de 30 días, abierto tras la aprobación inicial de las bases en el pleno del lunes.
El partido exige que las bases incorporen criterios de arraigo y necesidad económica para determinar quiénes pueden acceder a las subvenciones.
Según Vox, la regulación debe garantizar que los recursos municipales se destinen prioritariamente a quienes mantienen un vínculo real con la ciudad.
El portavoz municipal de Vox, Héctor Andrés, ha defendido que las ayudas deben dirigirse a quienes «viven de forma efectiva en Ibiza, tienen un arraigo real en el municipio y atraviesan una necesidad económica acreditada, con especial atención a las familias».
Vox introduce el principio de prioridad nacional, mientras que el modelo del Gobierno del PP se centra en la situación económica y las circunstancias personales y familiares de los solicitantes.
El equipo de Gobierno del alcalde, Rafa Triguero, sostiene que las ayudas al alquiler deben ser solo para los residentes en la ciudad que necesiten ese apoyo, con independencia de su nacionalidad.
El PP, desde el pasado verano, emplea la fórmula de «prioridad para los residentes» en todo lo relativo a la vivienda protegida.
Esa fórmula nació del enfrentamiento de Triguero con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que anunció que a los pisos de alquiler asequible de Casa 47 en el barrio de ca n’Escandell podrían acceder todos los residentes en España y no solo los de Ibiza. Triguero respondió entonces, parafraseando a Vox, con la expresión «prioridad para los residentes».
Esa expresión fue adoptada posteriormente por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la jefa de Govern balear, Marga Prohens.
Vox también ha cuestionado que no se haya facilitado a la oposición toda la documentación necesaria sobre las nuevas bases que regularán las subvenciones al alquiler.
Las nuevas bases permitirán subvencionar hasta el 70 % del alquiler acreditado, con cargo a una partida municipal de 500.000 €.
Las ayudas se concederán mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva y podrán establecer diferentes líneas en función de la edad y las características de las unidades familiares.
Se contemplan criterios de preferencia para familias numerosas o monoparentales, personas con discapacidad o dependencia y víctimas de violencia machista o doméstica.
La concejal de Vivienda, Lola Penín, reconoció que la elaboración de las bases se ha prolongado más de lo previsto, aunque defendió que permitirán agilizar la tramitación y el pago de unas ayudas cuya última convocatoria se remonta a 2023.
La aprobación inicial no supone la apertura inmediata del plazo de solicitudes, pues las bases deben completar su tramitación antes de que el Ayuntamiento pueda convocar las subvenciones.
La última convocatoria de ayudas al alquiler, preparada por el anterior gobierno municipal del socialista Rafa Ruiz, solo concedió 35 de las 109 solicitudes presentadas.
Actualmente, más de 2.000 familias esperan acceder a una vivienda protegida a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
Vox propone valorar también el arraigo, los años de empadronamiento y la contribución al sistema mediante las cotizaciones.
Este planteamiento va más allá de la prioridad para los residentes que defiende el PP en Ibiza, basada en la vinculación territorial y no necesariamente en la nacionalidad de los beneficiarios.
Vox considera imprescindible introducir modificaciones antes de la aprobación definitiva de las bases.
Vox ha respaldado el inicio de la tramitación pero insiste en que la regulación garantice la prioridad nacional.
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