El Parlamento balear ha aprobado por lectura única, con el voto a favor de todos los diputados salvo dos no adscritos que se abstuvieron, una reforma del derecho civil de las islas que permite pactar en vida la legítima entre cónyuges y reconoce el trabajo no remunerado en el hogar. Entrará en vigor dos meses después de publicarse en el BOIB, previsiblemente a principios de 2027.
Las claves
- La «definición» es una figura documentada desde 1274 que permite anticipar derechos hereditarios.
- La reforma abre la posibilidad de usar la «definición» entre cónyuges y parejas estables.
- Se permitirá acordar en vida el pago de la legítima sin esperar al fallecimiento.
- La medida busca evitar conflictos sucesorios en familias reconstituidas.
La reforma ha salido adelante con un consenso poco habitual en el Parlamento balear. La propuesta fue elaborada por el Consejo Asesor de Derecho Civil y registrada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios, que acordaron tramitarla por lectura única para agilizar su aprobación.
Todos los diputados votaron a favor, salvo los no adscritos Idoia Ribas y Agustín Buades, que se han abstenido. Una de las novedades más significativas afecta a la llamada «definición», una figura del derecho sucesorio mallorquín documentada desde 1274 que permite anticipar en vida determinados derechos hereditarios. La reforma abre la posibilidad de utilizar la «definición» también entre cónyuges y determinadas parejas estables.
En la práctica, permitirá acordar en vida el pago de la legítima, es decir, la parte de la herencia que la ley reserva a determinados familiares, sin tener que esperar al fallecimiento. La medida busca evitar futuros conflictos sucesorios, especialmente en familias reconstituidas, donde pueden concurrir hijos de diferentes relaciones.
Los capítulos matrimoniales podrán formalizarse tanto antes como después de la boda. Los acuerdos prenupciales solo producirán efectos una vez celebrado el matrimonio, siempre que el enlace tenga lugar en el plazo máximo de un año. La nueva regulación refuerza el deber de información entre los cónyuges y reconoce expresamente el valor del trabajo dedicado al cuidado de la familia.
Asimismo, reconoce la colaboración no remunerada en la actividad profesional o empresarial del otro miembro de la pareja. Se trata de dar cobertura jurídica a situaciones habituales en las que uno de los cónyuges contribuye al patrimonio familiar sin recibir una remuneración directa. El texto incorpora modificaciones aplicables a Mallorca y Menorca, junto a otras específicas para Ibiza y Formentera, respetando las particularidades históricas de cada territorio.
Desde el PP, Cristina Gil ha agradecido el trabajo desarrollado durante años por los consejos asesores de derecho civil de las distintas islas. A su juicio, el acuerdo alcanzado «demuestra la madurez jurídica de una comunidad que entiende su historia y reivindica su capacidad de autogobierno». Por su parte, la diputada de Vox Patricia de las Heras defendió la reforma como «un acto de coherencia y de patriotismo» que permite preservar las particularidades jurídicas del archipiélago.
«Es una arquitectura que respeta lo que somos, cuatro islas, dos tradiciones, una ley», resumió. La socialista Pilar Costa plantea aprovechar los dos meses previos a su entrada en vigor para avanzar en el desarrollo del derecho de habitación. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclama que el Consejo Asesor de Derecho Civil disponga de recursos suficientes para continuar modernizando la normativa durante las próximas décadas.
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