Según Baraka, el notario Antonio Pérez Coca, que autorizó la escritura del 19 de diciembre de 2024, se niega a aclarar por qué no exigió el visto bueno del Consejo de Ministros.
El Grupo Baraka ha pedido a Adif, al BBVA y al notario que autorizó la escritura de compraventa de los terrenos de Chamartín que expliquen por qué la operación se hizo sin la autorización «obligatoria» del Consejo de Ministros. Según Baraka, la venta de suelo público de Adif al BBVA, ligada al proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte, incumple lo que exige un artículo de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
El grupo sostiene además que el notario Antonio Pérez Coca, que autorizó la escritura del 19 de diciembre de 2024, se ha negado a explicar por qué no reclamó una autorización expresa del Consejo de Ministros para formalizar la transmisión. La petición llega después de que Baraka impugnara el acuerdo de los Estatutos de Crea Madrid Nuevo Norte y reclamara que se informe de la judicialización de dos parcelas antes de su subasta.
Baraka y la asociación No Abuso, que representa a los reversionistas afectados, tienen en marcha un procedimiento ante la Audiencia Nacional para lograr que se declare nula la operación. El conflicto gira en torno al artículo 135.3 de esa ley, que condiciona a la autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, la venta de inmuebles o derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos cuya tasación supere los 20 millones de euros. Los demandantes defienden que es un requisito que no se puede eludir si se dan esas condiciones.
El origen de la disputa está en la novación de la concesión de los terrenos y derechos urbanísticos de Chamartín, firmada el 28 de diciembre de 2018, cuando José Luis Ábalos era ministro de Fomento e Isabel Pardo de Vera presidía Adif. Los recurrentes sostienen que ese acuerdo y los contratos posteriores deben anularse por falta de la autorización del Gobierno, que consideran exigible por ley. Recuerdan también que el propio Ábalos admitió en una entrevista de julio de 2025 que, nada más llegar al ministerio, el consejero delegado del BBVA le llamó para transmitirle de forma velada que debía «dejar hacer».
El BBVA afirma que la operación contaba con la autorización pertinente. Baraka replica que, tras revisar lo publicado sobre los acuerdos y las referencias del Consejo de Ministros, no ha hallado ninguna aprobación expresa, y presenta este hecho como uno de los pilares de su demanda.
La Audiencia Nacional tendrá que dilucidar si la novación de 2018 y las transmisiones posteriores de terrenos y derechos urbanísticos debían cumplir ese requisito. Si lo considerara obligatorio y constatara que no se obtuvo la autorización, el tribunal debería fijar las consecuencias jurídicas para los acuerdos impugnados.
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