El Ministerio Público sitúa en 1997 el origen de una campaña que, según afirma, sigue propagándose por Internet y cuyos efectos no acabarán con la sentencia.
Las claves
- Pide 400.000 euros de indemnización por perjudicado de forma conjunta y solidaria.
- El fiscal califica el juicio de primero por difusión masiva de noticias falsas en Internet durante más de 20 años.
- El Ministerio Público ha suprimido de sus conclusiones a los cinco acusados fallecidos.
El fiscal del juicio por el bulo del «caso Bar España» ha pedido este viernes, en su informe ante la Sección Penal del Tribunal de instancia de Castellón, penas de prisión para los acusados y una indemnización de 400.000 euros para cada perjudicado. Considera que el daño irreparable causado a las víctimas, que describe como «una tropelía y una salvajada», merece una condena «contundente y enérgica».
Según el fiscal, es el primer juicio por la difusión masiva de noticias en Internet y redes sociales mantenida durante más de 20 años. Sostiene que ha alcanzado dimensiones «colosales» y que sus efectos serán «indefinidos». Afirma que las víctimas han sufrido un «linchamiento público despiadado, permanente e injusto» que ha destrozado su reputación profesional y personal y ha dañado sus relaciones sociales.
Para cinco de los acusados solicita cuatro años de prisión por cada uno de los nueve delitos continuados contra la integridad moral, en concurso medial con cinco delitos continuados de calumnias e injurias con publicidad contra autoridad y funcionario público y cuatro de calumnias e injurias con publicidad contra particular. Para el sexto acusado rebaja la petición a un año y ocho meses por cada uno de esos delitos. A uno de los acusados le reclama además ocho años de cárcel por cuatro delitos de calumnias contra autoridad y funcionario público.
En el plano civil, pide que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria, por el perjuicio moral causado, con 400.000 euros a cada uno de los perjudicados. Solicita además que se declare la responsabilidad civil solidaria del editor del periódico Aquí Actualidad.
El fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales. Ha retirado las referencias a los cinco acusados fallecidos, cuya responsabilidad criminal se ha declarado extinguida, e incorporado la continuidad delictiva en los delitos contra la integridad moral y el concurso medial entre estos y las calumnias e injurias. También ha informado de que las tres acusaciones, formuladas por separado, quedan unificadas en un solo escrito. Ha añadido a los hechos que la forma en que se difundieron las imputaciones por Internet ha impedido frenar su propagación, que trasciende el ámbito nacional y continúa en la actualidad.
El fiscal remonta el origen de la campaña a 1997, cuando la persona que considera iniciadora del bulo, ya fallecida, denunció abusos sexuales sobre sus dos hijas menores, supuestamente cometidos por el compañero sentimental de su exmujer. La causa fue archivada. Según el fiscal, esa persona emprendió después una campaña de descrédito contra la magistrada Sofía Díaz y otros, a quienes acusaba de participar en orgías con menores en el Bar España, y convenció a varios menores para que se presentaran como víctimas.
Recordó que la Guardia Civil investigó esas denuncias, que los menores, tras ser explorados, negaron los hechos y que él mismo pidió el sobreseimiento. Añadió que el supuesto iniciador fue condenado por denuncia falsa, pero reactivó su campaña, a la que se sumaron los acusados.
El fiscal considera que existe abundante prueba de cargo sobre la autoría de los acusados y sobre su intención de dañar a las víctimas. Entre los testimonios, destacó el de la magistrada Sofía Díaz, quien, según el fiscal, declaró que necesitó tratamiento médico-psiquiátrico y que el caso tuvo graves consecuencias en su vida familiar y profesional. Añadió que el resto de las víctimas también explicaron cómo les afectó el asunto.
El fiscal continuará su informe el jueves 5 de noviembre. El viernes 6 se ha habilitado para que todas las partes terminen de presentar el suyo.
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