La orden, que responde a una demanda del sindicato SEIU, estará vigente hasta el 16 de noviembre, después de las elecciones de medio mandato del martes 3.
Las claves
- La jueza federal Trina Thompson ha prohibido al Departamento de Justicia presionar a las autoridades electorales para eliminar votantes o rechazar papeletas.
- La orden es temporal y estará vigente hasta el 16 de noviembre.
- La demanda fue presentada por el SEIU y otras organizaciones.
- El Departamento de Justicia sostiene que unas 20.000 personas podrían no ser ciudadanas en los registros de California.
La jueza federal Trina Thompson, del tribunal del distrito norte de California, ordenó el viernes al Departamento de Justicia de Estados Unidos que cese las intimaciones de acción penal contra los responsables electorales de estados y municipios que no acaten las directrices del Gobierno de Donald Trump sobre quién puede votar. La resolución llega a pocos días de las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre.
Thompson prohibió además al Departamento de Justicia exigir a las autoridades electorales que borren votantes de los registros, rechacen papeletas o aparten determinados votos por las dudas del Ejecutivo sobre la nacionalidad de los inscritos.
La decisión responde a una demanda del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y otras organizaciones, que denunciaron la presión del Gobierno sobre el personal que organiza las votaciones.
La jueza también mandó al Departamento de Justicia que se dirija a los funcionarios que recibieron avisos de posible procesamiento para informarles de que esas amenazas no pueden ejecutarse. Argumentó que los responsables electorales deben poder ejercer sus funciones con arreglo a la ley federal y a los procedimientos vigentes.
La orden es temporal y seguirá en vigor hasta el 16 de noviembre, una vez celebrados los comicios.
El caso se inscribe en la ofensiva de la Administración Trump para revisar los censos electorales. El Gobierno sostiene que los estados deben impedir que voten en elecciones federales personas sin ciudadanía estadounidense, y el Departamento de Justicia afirma que unas 20.000 personas que podrían no ser ciudadanas figuran en el censo de California.
Antes, el juez federal David Carter rechazó la petición del Ejecutivo de obligar a las autoridades californianas a apartar esos votos, al considerar que la medida chocaba con los principios constitucionales que reconocen a los estados competencias sobre sus elecciones. El tribunal de apelaciones también se negó a intervenir para permitir que se suspendieran esas papeletas, y las autoridades de California han cuestionado la fiabilidad de los datos que emplea el Gobierno federal.
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