Vox votó no a los cuatro decretos de pensiones y el PP a dos

Vox votó en contra de los cuatro decretos-ley con la subida de las pensiones de 2025 y 2026, y el PP, de los dos de enero, que la mezclaban con la suspensión de desahucios. El de febrero de 2026, solo de pensiones y Seguridad Social, salió por 317 votos contra 33, según los datos abiertos del Congreso.

• El 27 de enero de 2026 el Congreso derogó el decreto 16/2025 por 178 votos contra 171, con el no de los 137 diputados del PP, los 33 de Vox, los 7 de Junts y el de UPN.
• Un año antes el PP y Junts habían votado sí al decreto 1/2025, que también alargaba la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables, y que salió por 315 votos contra 33.
• Con la media de 22 encuestas de Capitol del 31 de octubre, PP y Vox sumarían 197 escaños, de modo que un decreto como el de enero caería en el próximo Congreso sin necesidad de Junts.

La pregunta se repite en los buscadores y en los mítines, y cada partido la responde a su manera. El 26 de febrero, en el Pleno del Congreso, la diputada socialista Peña Camarero sostuvo que «el Grupo Popular vota fervientemente que no a las subidas de las pensiones siempre». En la misma sesión, el diputado popular Paniagua Núñez acusó a la ministra Elma Saiz de tener «el descaro» de decir que su partido no quería revalorizarlas con el IPC, según el Diario de Sesiones de aquel día. Las dos frases no pueden ser ciertas a la vez, pero las dos se apoyan en votos reales.

Capitol ha revisado las cuatro votaciones en las que el Pleno decidió sobre la revalorización de 2025 y la de 2026, las de enero y febrero de cada año, en los ficheros de votación nominal que publica el propio Congreso. El resultado no cabe en un sí o un no. El PP votó contra la subida cuando el Gobierno la presentó junto a otras medidas y a favor cuando la presentó sola, con una excepción en 2025 que desordena el relato de ambos bandos. Vox votó no siempre, y lo justificó por el coste del sistema.

Por qué la subida depende de un decreto que se vota en bloque

La ley ya dice cuánto deben subir las pensiones. El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social fija desde la reforma de 2021 que se actualicen cada enero con la media del IPC de los doce meses anteriores, lo que en 2026 dio un 2,7 %. Pero esa cifra hay que escribirla en una norma con rango de ley, y lo normal es que vaya en los Presupuestos. España funciona con los de 2023 prorrogados, y el propio Real Decreto-ley 3/2026 explica en su preámbulo que la actualización «no es, como regla general, objeto de la prórroga presupuestaria», de modo que el Gobierno «debe acudir a la aprobación de un real decreto-ley».

Ahí empieza el problema político. Un decreto-ley entra en vigor el día que se publica, y el Congreso tiene treinta días para convalidarlo o derogarlo, según el artículo 86 de la Constitución. No se puede enmendar en esa votación. Los diputados dicen sí o no al texto entero, y si llevan diez medidas y rechazan una, solo pueden tumbar las diez. Capitol ya contó en su análisis de los decretos-ley que ha derogado el Congreso que esa lógica de todo o nada es la que más decretos ha hecho caer en esta legislatura.

El Gobierno lo sabía y aun así metió la subida en paquetes amplios. El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, tenía seis capítulos. El primero alargaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, y los siguientes trataban de energía, pensiones, empleo, impuestos y entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos. Para un grupo que quería la subida pero rechazaba la suspensión de desahucios no había forma de votar una sin la otra.

Conviene despejar una duda antes de seguir. Ningún pensionista dejó de cobrar la subida. El decreto se aplicó desde su publicación y las nóminas de enero llegaron con el 2,7 %, de modo que cuando el Congreso lo derogó el 27 de enero, el nuevo decreto de febrero reconoció la subida con efectos desde el 1 de enero para mantener «intactos los derechos de los pensionistas que han visto incrementadas sus pensiones en el mes de enero de 2026», según su preámbulo.

Qué votó cada grupo y qué dijo al votar

El 27 de enero de 2026 el decreto 16/2025 cayó por 171 votos a favor y 178 en contra. Votaron no los 137 diputados del PP, los 33 de Vox, los 7 de Junts y Alberto Catalán, de UPN. Votaron sí el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV, Podemos, el BNG, Coalición Canaria y Compromís. La resolución del Congreso que ordena publicar la derogación lleva la fecha de ese mismo día (BOE-A-2026-2024).

Los tres grupos del no dieron razones distintas, y el Diario de Sesiones del 27 de enero las recoge. Por el PP, Juan Bravo dijo que su grupo estaba de acuerdo «en que se revaloricen las pensiones», que el PP había registrado en noviembre una proposición de ley solo para eso y que no aceptaba «que ustedes sigan ahogando al propietario que tiene una vivienda okupada». Míriam Nogueras resumió la posición de Junts con una pregunta y su respuesta, «¿Pensiones? Sí. ¿Okupaciones? No», y anunció que votaría la subida cuando llegara sin esa medida. Por Vox, el diputado Figaredo Álvarez-Sala reprochó al Gobierno que prometiera subidas «importándoles un bledo la sostenibilidad del sistema» y recordó al PP que había apoyado la prórroga anterior.

Ese recordatorio tiene base documental. La pauta viene de lejos, porque ya en enero de 2024 la subida del 3,8 % viajó en el Real Decreto-ley 8/2023 junto a las medidas por las guerras de Ucrania y Oriente Próximo y por la sequía. PP y Vox votaron no, Junts no votó y el decreto se convalidó el 10 de enero (BOE-A-2024-666). En enero de 2025 la historia fue casi idéntica, con otro desenlace. El Real Decreto-ley 9/2024, que llevaba la subida del 2,8 % junto a ayudas al transporte y la prórroga del escudo social, cayó el 22 de enero por 171 votos contra 177, con el no de PP, Vox y Junts y la abstención de UPN. Seis días después el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 1/2025, y el 12 de febrero el PP y Junts lo votaron a favor. Aquel texto seguía suspendiendo los desahucios de hogares vulnerables, ahora hasta el 31 de diciembre de 2025. El portavoz popular Jaime de Olano dijo en el Pleno que la parte de vivienda «no nos gusta», pero que el PP aprobaría «la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y las ayudas por la riada de Valencia», y salió por 315 votos contra 33, los de Vox.

En 2026 el PP y Junts no repitieron ese camino. El Gobierno partió el contenido en dos decretos el 3 de febrero, y el Pleno los votó el 26. El 2/2026, con las medidas de vulnerabilidad, las fiscales y las entregas a cuenta, cayó por 172 votos contra 177 con el no de PP, Vox y Junts. El 3/2026, con la revalorización y otras medidas de Seguridad Social, salió por 317 contra 33. Todos los grupos votaron sí salvo Vox, que justificó el no en el coste del sistema. Figaredo sostuvo en la tribuna que el Gobierno anunciaba «unas subidas que no pueden garantizar financieramente», y minutos después Vox sí apoyó, con el resto de la Cámara, que el decreto se tramitara como proyecto de ley para poder enmendarlo.

Leídos juntos, los cuatro votos dejan una respuesta más precisa que la de cualquiera de los dos bandos. El PP votó contra dos decretos que contenían la subida, tres si se suma el de enero de 2024, y ninguna de esas veces lo hizo contra un texto que solo hablara de pensiones y cotizaciones. Vox votó contra los cuatro, también contra el que no llevaba nada más. Junts siguió exactamente el mismo camino que el PP. Y el Gobierno eligió dos años seguidos meter la revalorización en un paquete que sabía que podía caer, una decisión que también forma parte de la historia.

Qué cambia con el Congreso que salga del 29-N

La subida de 2027 ya no la votará este Congreso. Con la media del IPC que ha publicado el INE hasta septiembre rondará el 3,5 %, como calculó Capitol en su análisis de la subida de las pensiones de 2027, y tendrá que aprobarla por decreto-ley un Gobierno en funciones o recién investido. La convalidación corresponderá a los diputados elegidos el 29 de noviembre.

La aritmética de ese Congreso es distinta. Con la media de encuestas de Capitol de 22 sondeos a 31 de octubre, el PP tendría 131 escaños (uno de ellos de UPN), el PSOE 107, Vox 66 y Junts 7. En la legislatura que acaba, PP, Vox y UPN sumaban 171 y necesitaban a Junts para llegar a 178 y tumbar un decreto. Con este reparto sumarían 197, veintiuno por encima de la mayoría absoluta, y Junts dejaría de ser la llave. Un decreto de pensiones mezclado con otras medidas caería si el PP votara como en enero, aunque Junts lo apoyara.

La simetría también vale en la otra dirección. Si el que firma el decreto es un Gobierno del PP, el PSOE y el resto de grupos sumarían 153 escaños según la misma media, insuficientes para derogarlo por sí solos, y la suerte del texto volvería a depender de lo que hiciera Vox. Con 66 diputados, el doble que ahora, y cuatro noes seguidos a los decretos de 2025 y 2026, su voto sería decisivo. Un decreto solo de pensiones saldría adelante aunque Vox votara en contra, siempre que el PSOE no lo rechazara, como ocurrió en febrero con el resto de la Cámara.

Queda una incógnita que ningún dato resuelve todavía. Ni el Gobierno en funciones ni quien lo sustituya han dicho si el decreto de enero de 2027 llevará solo la revalorización. La experiencia de las dos últimas legislaturas sugiere que esa elección, y no la cifra del IPC, es la que decide si la subida pasa a la primera o hay que repetir la votación un mes después.