El Ministerio del Interior sustituye a la Guardia Civil por la Policía Nacional en la seguridad ciudadana de Roquetas de Mar desde diciembre

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que desde diciembre la Policía Nacional asuma la seguridad ciudadana en Roquetas de Mar (Almería), hasta ahora a cargo de la Guardia Civil, lo que supone la salida de 183 guardias civiles del municipio

Según las asociaciones profesionales, la Policía Nacional empezará con 85 efectivos, muy por debajo de los 210 agentes que se habían anunciado. El director general del cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, presentó la implantación en junio.

El relevo obliga a que 183 guardias civiles, afectados por la reorganización, abandonen su puesto en un municipio de 111.240 habitantes, el segundo de la provincia de Almería en número de habitantes y actividad económica.

La Comandancia de Almería detalla que la reorganización afecta a 161 agentes del Puesto Principal de Roquetas, seis efectivos del Equipo de Policía Judicial y otros 16 del Núcleo de Servicios, que presta apoyo a la Subdelegación del Gobierno y al centro penitenciario de El Acebuche. Según fuentes de la Comandancia, la unidad dejará de existir como entidad, aunque parte de sus componentes se mantendrán en el acuartelamiento de forma temporal hasta que finalice la obra del nuevo puesto en Vícar.

Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, acudió al Puesto Principal de Roquetas de Mar en los últimos días para explicar directamente a los agentes el proceso de retirada del cuerpo.

La Dirección General de la Guardia Civil afirma que su objetivo principal es mitigar las repercusiones laborales de la medida y facilitar la asignación de destinos dentro de la provincia de Almería.

Los agentes del Puesto Principal contarán con preferencia para ocupar las plazas que se anunciarán mediante un concurso restringido específico en la provincia. Mientras se determina su situación, la mayor parte de los efectivos permanecerá en comisión de servicio.

Cinco asociaciones profesionales —Jucil, la Asociación Profesional de Cabos, la Asociación Española de Guardias Civiles, Independientes de la Guardia Civil y UniónGC— difundieron un comunicado conjunto en el que afirman: «La Guardia Civiles expulsada de Roquetas de Mar».

Las asociaciones afirman que la Guardia Civil debería continuar operando bajo una demarcación compartida que facilite la coordinación de la presencia de ambos cuerpos. Cuestionan que sustituir un cuerpo por otro refuerce la seguridad ciudadana y advierten de que podría haber menos agentes sobre el terreno. Además, reprochan a la Dirección General que el calendario avance sin que los afectados sepan con precisión dónde trabajarán.

También advierten que la modificación podría afectar la vida de aproximadamente 180 familias, cuyas circunstancias incluyen hijos en edad escolar, viviendas, hipotecas, alquileres y empleos que complican una reorganización inmediata.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha rechazado la medida y ha señalado que los destinos podrían situarse en Adra, Laujar de Andarax o Fiñana, con desplazamientos diarios que, según sus cálculos, pueden superar la hora en algunos casos.

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, solicitó al Gobierno central que reconsidere su postura para que ambos cuerpos puedan operar en la ciudad, recordando que en otras localidades andaluzas conviven. «¿Por qué Roquetas, con más habitantes que esos municipios, no contará con la Guardia Civil y la Policía?» ¿Por algo político? «Los ciudadanos están por encima de la política», añadió.

Antes, en Capitol

1 de noviembre. Marlaska tarda casi ocho años en poner en vigor el acuerdo con Angola para facilitar el retorno de sus ciudadanos. El convenio de cooperación en seguridad entre España y Angola, rubricado en noviembre de 2018 y que agiliza la devolución de angoleños en situación irregular, no entró en vigor hasta el 25 de septiembre de 2026, con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior.