Un diputado provincial de Soria representa a 32 veces menos gente que uno de Barcelona

Los diputados provinciales los eligen los concejales a partir de los votos de las municipales, no las urnas, y son entre 25 y 51 por provincia según el artículo 204 de la LOREG. Con el Padrón del INE de 2025, uno de Soria representa a 3.609 residentes y uno de Barcelona a 117.320.

• La ley fija entre 25 diputados para las provincias de hasta 500.000 residentes y 51 para las de más de 3,5 millones, y la Junta Electoral Provincial reparte esos puestos entre los partidos judiciales, con un mínimo de uno cada uno.
• Los puestos se asignan a cada partido con la regla D’Hondt sobre los votos que sacó en las municipales en ese partido judicial, y quienes ocupan el cargo los elige después el grupo de concejales de cada partido.
• Los cabildos insulares canarios sí se votan en urna, con una urna distinta para cada isla, y su presidente es el primero de la lista más votada.

La Constitución no obliga a votar directamente a la diputación. El artículo 141.2 dice que el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a «Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo», y el artículo 31 de la Ley de Bases del Régimen Local repite que el gobierno y la administración de la provincia corresponden a la Diputación u otras corporaciones de ese tipo. Esa palabra, representativo, es la que permite un sistema indirecto en el que los vecinos votan a su ayuntamiento y de ese voto sale después la composición de la diputación.

Una diputación sirve sobre todo a los pueblos pequeños. Según el artículo 36 de la misma ley, debe garantizar la secretaría y la intervención en los municipios de menos de 1.000 habitantes, asumir el tratamiento de residuos en los de menos de 5.000 y la prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 cuando estos no lo presten, y aprobar cada año un plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipales, que debe llevar una memoria justificativa y unos criterios de reparto de los fondos objetivos y equitativos.

Los concejales eligen a los diputados, no los vecinos

El procedimiento está en el título V de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El artículo 204 establece cuántos diputados tiene cada diputación según los residentes de la provincia. Son 25 hasta 500.000 residentes, 27 de 500.001 a un millón, 31 de 1.000.001 a 3.500.000 y 51 por encima de esa cifra. Diez días después de la convocatoria de elecciones, la Junta Electoral Provincial reparte esos puestos entre los partidos judiciales en proporción a sus residentes, con una regla doble. Todos los partidos judiciales tienen al menos un diputado y ninguno puede tener más de tres quintos del total. Los partidos judiciales que se usan son los de las elecciones locales de 1979, según el apartado 3.

Cuando todos los ayuntamientos de la provincia están constituidos, la Junta Electoral de Zona hace una lista de los partidos, coaliciones y agrupaciones que han logrado algún concejal en cada partido judicial, ordenados por votos, y reparte los puestos con el procedimiento del artículo 163, es decir, la misma regla D’Hondt de las generales. La variante está en los pueblos de menos de 250 habitantes. Allí el apartado 2 del artículo 205 cuenta los votos de cada candidatura sumando los de sus componentes, dividiéndolos entre el número de candidatos de la lista hasta un máximo de cuatro y corrigiendo por defecto las fracciones. El proceso se aplaza si hay recursos contenciosos pendientes contra la proclamación de concejales en la provincia.

Hasta aquí el voto del vecino ya ha contado, pero falta la elección de las personas. Según el artículo 206, la Junta convoca por separado a los concejales de cada partido con puestos en la diputación. Ellos eligen a los diputados entre listas avaladas por al menos un tercio de esos concejales, con tres suplentes y con una composición de cada sexo de entre el 40 % y el 60 %, alternando hombres y mujeres. La reforma que introdujo esa paridad es la Ley Orgánica 2/2024, en vigor desde el 22 de agosto de 2024. Después, la diputación se reúne con una mesa de edad y elige a su presidente. En el artículo 207, el candidato necesita mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda, y cualquier diputado puede serlo. Puede caer por una moción de censura, que sigue el artículo 197 igual que en los ayuntamientos, como cuenta nuestro explicador sobre la elección de un alcalde, o por perder una cuestión de confianza sobre los presupuestos, el reglamento orgánico o el plan provincial.

Un diputado de Soria frente a uno de Barcelona

La escala de cuatro tramos del artículo 204 produce una desproporción que se mide fácilmente. Barcelona tenía 5.983.325 habitantes a 1 de enero de 2025 según el Padrón del INE y le corresponden 51 diputados, es decir, uno por cada 117.320 residentes. Soria tenía 90.234 y le corresponden 25, uno por cada 3.609. Entre las dos provincias, la población se multiplica por 66 y los diputados por dos, así que un diputado barcelonés representa a 32 veces más residentes. El cálculo propio de Capitol usa el Padrón de 2025, y la Junta Electoral aplicará los residentes de la fecha de convocatoria, por lo que las cifras exactas pueden variar algo.

En el centro del gráfico están provincias como Cádiz (31 diputados, 40.550 residentes por cada uno), Zaragoza (27 diputados, 36.740) o Girona (27, 30.816), y por debajo de ellas Ourense, Zamora y Teruel, con 25 diputados y entre 5.448 y 12.223 residentes por cada uno. Los politólogos llaman a esto desproporción de la representación (malapportionment en inglés) y aparece siempre que una ley fija un suelo de puestos para territorios de tamaños muy distintos. El reparto de escaños del Congreso entre provincias tiene su propia regla, que explica el análisis sobre el reparto de escaños entre provincias.

Dónde sí se vota y quién no tiene diputación

Los cabildos insulares canarios funcionan de otro modo. El artículo 201 de la LOREG establece que en cada isla se eligen por sufragio universal, directo y secreto, y en una urna distinta a la de concejales, tantos consejeros como marca una escala, con 11 hasta 10.000 residentes y 21 entre 50.001 y 100.000, y uno más por cada 100.000 residentes o fracción por encima de eso, sumando otro si el resultado es par. Cada isla es una circunscripción y el presidente del cabildo es el candidato primero de la lista más votada. Los consejos insulares de Baleares, a los que según el artículo 41.3 de la Ley de Bases se aplican las normas de las diputaciones provinciales, tienen también sus elecciones, como se ve en el artículo 2.3 de la LOREG, que los cita junto a cabildos y juntas generales entre las votaciones que usan el censo de españoles residentes en España.

El resultado práctico es que en 2026 hay provincias sin diputación. El artículo 40 de la Ley de Bases dice que las comunidades uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias de la diputación, con la excepción de Baleares y sus consejos, y el artículo 39 deja a los órganos forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia con su régimen peculiar. Si se descuentan de las 50 provincias Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, quedan 41 diputaciones, tres de ellas forales. Es un recuento propio de Capitol a partir de esos artículos. Para entender cómo encajan en el resto del año electoral, el especial de las elecciones del 29-N reúne las guías de censo, mesas y voto.