Los populares preguntan por una renovación de 93 millones adjudicada a Thales en 2021, que debía acabar en enero de 2026. El Ministerio de Transportes tenía pendiente el 61,8 % de los fondos europeos al cierre de 2025, según el PP.
Los eurodiputados populares, con la secretaria general del PP, Dolors Montserrat, al frente, quieren que Bruselas revise si las inversiones ferroviarias anunciadas por el Gobierno con fondos europeos se han convertido en infraestructuras y sistemas de protección operativos. El PP sostiene que las entidades europeas tienen que verificar que lo que España declara corresponde a obras efectivamente realizadas y que los fondos públicos se empleen según lo concedido.
El partido reclama transparencia, auditorías y una revisión «exhaustiva» de las inversiones, además de que se asuman responsabilidades si las investigaciones acreditan alguna irregularidad. Pide a la Comisión que examine el cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación y las deficiencias en los protocolos de seguridad ferroviaria. También solicita información sobre los fondos comunitarios asignados a los contratos que investiga la Fiscalía Europea tras los siniestros de Adamuz y Urda, y sobre si Bruselas prevé auditorías específicas y exigir la devolución del dinero en caso de uso irregular.
Entre las cuestiones planteadas figura la señalización de la línea Madrid-Sevilla: Adif adjudicó a Thales, en septiembre de 2021, una renovación por 93 millones de euros que incluía sustituir el sistema LZB. Según la iniciativa, el plazo de ejecución terminaba en enero de 2026, pero diez meses después el LZB seguía operativo. Los populares quieren además que la Comisión verifique si las obras estaban terminadas, instaladas y probadas cuando el Gobierno dio por cumplido el hito 87, requisito para desbloquear nuevos desembolsos europeos.
Otras preguntas piden a la Comisión que compruebe si los mecanismos de supervisión españoles cumplen la normativa comunitaria, si los procedimientos de circulación en condiciones degradadas se ajustan a lo exigido y si considera necesario formular recomendaciones provisionales a las autoridades españolas. Las propuestas indican que, al terminar 2025, el Ministerio de Transportes tenía aún 1.196 millones de euros pendientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, equivalentes al 61,8 % de los recursos asignados, y señalan las falencias en la gestión y control de Adif señaladas por el Tribunal de Cuentas.
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