Vivas exige a Marlaska rechazar 9.000 solicitudes de asilo en Ceuta para devolverlos a Marruecos
El presidente ceutí vincula la presión migratoria con una «arma» de desestabilización marroquí y pide un «tratamiento singular» para la ciudad autónoma
CRedacción Capitol·13 de agosto de 2026·2 min de lectura
El presidente ceutí vincula la presión migratoria con una «arma» de desestabilización marroquí y pide un «tratamiento singular» para la ciudad autónoma
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha solicitado al Gobierno central que desestime «desde el inicio del procedimiento» las solicitudes de asilo de los 9.000 inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 de julio, cuando el Ejecutivo calcula que accedieron 80.000 personas. Vivas, en una comparecencia ante los medios este jueves, condicionó la estabilidad de Ceuta a que Interior «no otorgue asilo ni permita traslados a la Península», argumentando que la situación actual supone un «máximo riesgo» para la «convivencia y seguridad».
El presidente ceutí vinculó directamente la presión migratoria con una estrategia de Marruecos para «desestabilizar», calificándola de «arma». Para neutralizarla, propuso que Ceuta sea declarada «excepción como frontera terrestre de Europa en África», suspendiendo así la posibilidad de conceder asilo en su territorio. Vivas justificó esta medida por la «vulnerabilidad» de la ciudad, aunque no detalló cómo se articularía legalmente. Hasta el momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha respondido a la petición.
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Según los datos del Gobierno ceutí, los 9.000 inmigrantes que aún permanecen en la ciudad se distribuyen así: 4.500 reciben comidas diarias, 3.000 son atendidos por asociaciones y 500 son menores acogidos en centros específicos. Vivas añadió que, sumando a quienes no acuden a estos recursos —estimados en 1.000—, la cifra total ascendería a 9.000. La propuesta de Vivas choca con el marco legal español, que regula el derecho de asilo y prohíbe las devoluciones en caliente en frontera, aunque Ceuta y Melilla tienen un régimen especial por su condición de ciudades autónomas en territorio africano.
La crisis migratoria del 30 de julio, la mayor en décadas, ha reabierto el debate sobre la gestión de las fronteras españolas en el norte de África. Mientras el Gobierno central mantiene silencio sobre la petición de Vivas, organizaciones como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) han advertido que rechazar solicitudes de asilo de forma sistemática violaría la legislación internacional. El PP, por su parte, ha respaldado la postura de Vivas, exigiendo al Ejecutivo que «actúe con firmeza» para «proteger la soberanía española».
El conflicto refleja la tensión entre las competencias autonómicas y las del Estado en materia migratoria. Ceuta, al igual que Melilla, carece de capacidad legal para decidir sobre asilo, pero su Gobierno puede presionar al Ejecutivo central para que adopte medidas excepcionales. La última vez que se aplicó un protocolo similar fue en 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez devolvió a Marruecos a más de 2.000 personas en menos de 48 horas, una decisión que fue recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
