Un indulto al exfiscal general Álvaro García Ortiz exigiría un real decreto del Gobierno publicado en el BOE y solo alcanzaría las penas que ese texto nombrase. La indemnización y las costas quedarían fuera por ley, según la norma de 1870 que sigue en vigor.
- El indulto se concede por real decreto, a propuesta del ministro de Justicia, y se publica en el BOE (artículo 30 de la Ley de 18 de junio de 1870).
- La ley excluye de todo indulto la indemnización civil (artículo 6) y las costas procesales (artículo 9).
- Ninguno de los 32 artículos de la ley fija un plazo para resolver un expediente, y una vez concedido es irrevocable (artículo 18).
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo el viernes 13 de noviembre que el expediente de un posible indulto a García Ortiz se sigue tramitando y que el Gobierno explicará su decisión cuando la tome, como recogimos en nuestra noticia del 15 de noviembre. Sin entrar en si procede o no, conviene saber qué permite exactamente la ley. Y qué no.
Quién decide y cómo se firma
La Constitución dice en su artículo 62.i que al Rey le corresponde «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». El Rey no decide por su cuenta. Según el artículo 64.1, sus actos los refrenda el presidente del Gobierno o el ministro competente, que responde de ellos.
La ley que desarrolla ese derecho es de 1870. Su artículo 30 establece que todo indulto, «cualquiera que sea su clase», se hace en real decreto insertado en el BOE. Sigue en vigor, y el texto consolidado del BOE recoge su última actualización, publicada el 31 de marzo de 2015.
El procedimiento puede arrancar de tres maneras. Lo piden los penados, sus parientes «o cualquiera otra persona en su nombre» (artículo 19). Lo proponen el tribunal sentenciador, el Supremo o el fiscal (artículo 20). O lo abre el propio Gobierno, aunque nadie lo haya pedido (artículo 21). Todas las solicitudes se dirigen al ministro de Justicia.
Qué pesa el informe del tribunal
Los artículos 23 a 26 obligan a remitir cada solicitud al tribunal sentenciador. Este pide informe sobre la conducta del penado, oye al fiscal y a la parte ofendida y emite su dictamen «sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia». En el caso de García Ortiz, el Supremo informó en contra, al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública.
Esas tres razones son la clave del artículo 11. El indulto total solo se otorga si existen a favor del penado, «a juicio del Tribunal sentenciador». En los demás casos, dice el artículo 12, se concede el parcial, con preferencia la conmutación de la pena por otra menos grave de la misma escala.
Lo que el texto no resuelve es qué efecto tiene un informe desfavorable. Los artículos del trámite obligan a pedirlo, pero ninguno dice que el Gobierno quede atado por su sentido. Por eso la motivación del decreto, si llega a haberlo, será la que explique cómo se ha leído ese informe.
Qué alcanza el indulto y qué no
La ley trata cada pena por separado. Un decreto que no mencione expresamente al menos la pena principal es nulo (artículo 5). Cuáles son las penas de la condena de García Ortiz lo dice la sentencia del Supremo. Según nuestra noticia, son dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros y 39.000 euros en costas.
| Concepto | Qué dice la ley de 1870 | Artículo |
|---|---|---|
| Pena principal | El decreto debe nombrarla expresamente o es nulo | 5 |
| Inhabilitación accesoria | No se entiende incluida si el decreto no la menciona de forma especial | 6 |
| Multa | Exime de lo que falte por pagar, pero no devuelve lo ya pagado salvo que se diga | 8 |
| Indemnización civil | Nunca queda comprendida | 6 |
| Costas procesales | El indulto no se extiende a ellas | 9 |
La inhabilitación merece una aclaración. La ley distingue entre penas principales y accesorias, y el artículo 7 permite indultar unas sin las otras. Si la inhabilitación de García Ortiz es una pena principal o accesoria es una cuestión que fija la sentencia, y el decreto tendría que nombrarla de forma explícita para alcanzarla.
El indulto tampoco es automático ni inmediato. Pedirlo no suspende la ejecución de la sentencia (artículo 32), y la aplicación de la gracia se encomienda al tribunal sentenciador (artículo 31). Una vez concedido, es «por su naturaleza irrevocable» (artículo 18), aunque puede llevar condiciones (artículo 16).
Además, la Constitución marca dos límites. El primero es el artículo 62.i, que prohíbe los indultos generales. El segundo es el artículo 102.3, que excluye la gracia en la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno. No afecta a un fiscal general, que no forma parte del Gobierno según la composición que fija el artículo 98.1.
El control es político. La disposición adicional de la ley obliga al Gobierno a remitir cada semestre al Congreso un informe sobre los indultos concedidos y denegados, y a que un alto cargo de Justicia comparezca en la Comisión de Justicia para presentarlo.
La distinción importa también para las promesas de campaña. Comprometerse a no conceder indultos de cierto tipo, como recogimos el 10 de noviembre y el 7 de noviembre, es una decisión que cada Gobierno toma para sí. Prohibirlos a todos los gobiernos futuros exigiría reformar la ley de 1870, porque la Constitución remite a ella.
¿Debería un informe desfavorable del tribunal vincular al Gobierno? Cuéntanos qué opinas y sigue la campaña en el especial del 29-N. Las votaciones y las iniciativas pendientes están en la sección de Parlamento de Capitol.
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