La Ley del Gobierno no incluye los indultos entre lo que un Ejecutivo en funciones tiene vedado, aunque limita su gestión al «despacho ordinario» salvo urgencia o interés general acreditados. Hasta el 29 de noviembre el Gobierno conserva todas sus facultades, y las Cortes no se constituyen hasta el 23 de diciembre.
- El Gobierno mantiene todos sus poderes hasta las elecciones, porque el artículo 101.1 de la Constitución lo hace cesar «tras la celebración de elecciones generales», el 29-N.
- El artículo 21 de la Ley 50/1997 prohíbe cinco facultades a un Gobierno en funciones, como aprobar los Presupuestos o presentar proyectos de ley. Los indultos no figuran en esa lista.
- Según el Real Decreto 806/2026, las Cortes se constituyen el 23 de diciembre, de modo que el Gobierno estará en funciones al menos 24 días.
El 9 de noviembre, Pedro Sánchez dijo en una entrevista televisiva que la decisión sobre el indulto al exfiscal general Álvaro García Ortiz «no la tenemos tomada, entre otras cosas porque el proceso del indulto sigue su curso», como recogimos en nuestra noticia de ese día. Este miércoles 18 añadió que la decisión corresponde al Consejo de Ministros, que podría adoptarla en funciones si llega después de las elecciones, según nuestra noticia de hoy.
Este texto no entra en si el indulto procede o no. Responde a una pregunta previa, de Derecho constitucional. Qué podría hacer el Gobierno según el momento en que decida, antes o después de las urnas.
Hasta el 29-N, el Gobierno no está en funciones
Un Gobierno solo pasa a estar en funciones cuando cesa, y la Constitución fija el momento en su artículo 101.1. Cesa «tras la celebración de elecciones generales», o por pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento de su presidente. Las Cortes están disueltas desde el Real Decreto 806/2026 de convocatoria, pero el Ejecutivo sigue dirigiendo la política interior y exterior y ejerciendo la función ejecutiva, según el artículo 97.
Sánchez anunció en esa misma entrevista que habría Consejos de Ministros extraordinarios antes del 29-N. «Sí, va a haber extraordinarios», respondió cuando se le preguntó. Si un real decreto de indulto se aprobara en uno de ellos, el Gobierno lo haría con todas sus facultades y el debate sobre las funciones no llegaría a plantearse. El presidente no ha aclarado si la decisión será antes o después de las elecciones.
Después, el límite es el «despacho ordinario»
Desde el 29-N la situación cambia. El artículo 101.2 dice que el Gobierno cesante «continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno». Y la Ley 50/1997 del Gobierno concreta qué puede hacer en ese periodo en su artículo 21.3. Debe limitar su gestión «al despacho ordinario de los asuntos públicos», absteniéndose de adoptar otras medidas, «salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique».
Los apartados 4 y 5 añaden cinco prohibiciones concretas. El presidente en funciones no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo. El Gobierno no puede aprobar el proyecto de Presupuestos ni presentar proyectos de ley. El indulto no aparece en ninguna de ellas.
Tampoco ayuda la ley que regula la gracia. La Ley de 18 de junio de 1870 sigue en vigor y ninguno de sus 32 artículos distingue entre un Gobierno pleno y uno en funciones. Queda entonces una cuestión que ni la Constitución ni las leyes resuelven de forma expresa. Si un indulto es «despacho ordinario» o necesita una urgencia o un interés general acreditados, y quién comprobaría esa acreditación.
Lo que sí exige la ley es transparencia. El indulto, «cualquiera que sea su clase», se concede por real decreto publicado en el BOE (artículo 30), y el artículo 21.3 pide que la justificación sea «expresa». Una vez concedido es «por su naturaleza irrevocable» (artículo 18). La disposición adicional obliga además al Gobierno a informar cada semestre al Congreso de los indultos concedidos y denegados.
Otra cosa es lo que no cambia, esté el Gobierno en pleno o en funciones. El procedimiento es el mismo. Los artículos 23 a 26 obligan a pedir informe al tribunal sentenciador, que en este caso es el Supremo. Según contamos en nuestra noticia del 15 de noviembre, el Supremo informó en contra al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó que ya están concluidos los trámites. El texto de 1870 no dice que ese informe ate al Gobierno.
Tampoco cambia lo que el indulto alcanzaría. La indemnización civil y las costas quedan fuera por ley, como explicamos en nuestro análisis del 15 de noviembre. Y el artículo 62.i de la Constitución sigue prohibiendo los indultos generales.
Cuánto puede durar el Gobierno en funciones
Las Cortes se reúnen el 23 de diciembre. Después, el Rey propone un candidato tras consultar a los grupos, según el artículo 99. Si el candidato obtiene la mayoría absoluta, 176 de 350 votos, es nombrado. Si no, hay una segunda votación 48 horas después en la que basta la mayoría simple. Y si pasan dos meses desde la primera votación sin que nadie obtenga la confianza, el Rey disuelve las Cámaras y convoca elecciones.
La duración depende por tanto de los pactos. La media de encuestas de Capitol del 18 de noviembre, con 63 sondeos de los últimos 28 días, da al PP un 30,9 % y 129 escaños, uno de ellos de UPN, al PSOE un 27,0 % y 109, y a Vox un 19,0 % y 65. PP y Vox sumarían 194 escaños frente a los 176 de la mayoría. Ninguno llega solo.
La campaña también toca el asunto. El 10 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo prometió, al presentar el programa del PP, que su Gobierno «no concederá indultos a ningún político condenado por corrupción», según nuestra noticia. Es un compromiso de cada Gobierno, porque prohibirlos a todos exigiría modificar la ley de 1870.
¿Debería un Gobierno en funciones abstenerse de conceder indultos hasta que tome posesión el siguiente? Cuéntanos qué opinas. Para ver qué mayorías son posibles tras el 23 de diciembre, prueba el simulador de pactos y consulta la Estimación Capitol. Otra consecuencia de las Cortes disueltas, la renovación del Constitucional, la explicamos aquí.
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