La defensa de Ábalos alegó que la policía entró sin llevarlo ni avisarle y sin dejarle nombrar representante; el juez responde que la apertura de la pieza fue notificada y que la diligencia no vulneró sus garantías.
La Audiencia Nacional, a través del magistrado Ismael Moreno, ha denegado la petición de José Luis Ábalos para invalidar el nuevo allanamiento de su domicilio en Valencia, realizado el 5 de noviembre. Moreno rechaza tramitar el incidente de nulidad y sostiene que la intervención policial no quebrantó las garantías del exministro ni le dejó en desamparo. La diligencia se inserta en la operación contra Cristian Abel Corvillo Aguilar, quien fue chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) la relaciona con un supuesto plan de desvío de recursos al entorno de Ábalos y con gestiones vinculadas a contratos públicos. La operación incluyó seis registros.
Las pesquisas apuntan a que Corvillo habría hecho de intermediario, en apariencia, entre Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado señales de una posible organización criminal, lavado de dinero y tráfico de influencias, hechos que siguen bajo investigación. Uno de los hilos conduce a Andrea de la Torre, compañera sentimental del exministro. Según la Fiscalía, en febrero de 2024 ingresó 65.000 euros procedentes de una firma portuguesa, Esperança Colossal, administrada de forma oficial por Jorge Pérez Marqués, y en la que los investigadores ven una posible influencia de Corvillo. Dos meses más tarde, De la Torre compró en Madrid un local con una plaza de garaje por 125.000 euros, sin préstamo hipotecario, pagando con cheques y una transferencia. Se analiza si ese dinero responde a supuestas compensaciones económicas.
La casa registrada es propiedad de Ábalos, aunque De la Torre reside allí habitualmente. Estuvo presente durante la diligencia y, según recoge la providencia a partir de las alegaciones de la defensa, fue detenida en el transcurso de la operación.
El equipo jurídico de Ábalos alegó que los agentes accedieron a la vivienda estando él en prisión, sin llevarlo al inmueble, sin avisarle con antelación y sin darle opción de nombrar a un representante. Asimismo, cuestionó que la orden se hubiera dictado dentro de una pieza reservada, sin determinadas notificaciones. Moreno no lo considera motivo suficiente para anular nada: indica que la apertura de esa pieza separada, el 3 de noviembre, fue comunicada a las partes de la investigación sobre obra pública y que, una vez concluidas las diligencias urgentes, se alzó el secreto.
La defensa también censuró que Andrea de la Torre estuviera sin letrado durante el registro. Según la versión del juez, ella llamó a Marino Turiel, abogado de Ábalos, quien no aceptó encargarse del caso por hallarse en Madrid mientras la actuación tenía lugar en Valencia. De acuerdo con el atestado policial, Turiel le aconsejó pedir un profesional de oficio, solicitud que los agentes atendieron.
Otro punto controvertido fue la entrada en un local de la planta baja del edificio, que la defensa sostiene no estaba amparado por la autorización judicial. Moreno respondió que su auto del 4 de noviembre contenía «anexos, trasteros, garajes, plazas privadas de aparcamiento, locales, azoteas, cuartos de agua y/o luz o similares, jardines».
Además, se incautaron dispositivos electrónicos que, a juicio de la defensa, no se identificaron con sus titulares o usuarios, y De la Torre se negó a entregar las claves de sus cuentas de correo. El juez no encuentra en estos hechos fundamento para la nulidad.
Moreno entiende que anular actuaciones requiere una indefensión verdadera y efectiva, no un simple defecto formal. Contra esta providencia, precisa de forma expresa, no cabe interponer recurso alguno.
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