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El juez Ismael Moreno revisa contratos de Transportes por 537,2 millones sospechosos de amaño para pagar mordidas

La Audiencia Nacional examina hasta 11 expedientes de obra de Adif y Carreteras adjudicados a Acciona Construcción por 537,2 millones, que pudieron amañarse para que Santos Cerdán y José Luis Ábalos cobraran comisiones; hay diez personas imputadas, entre ellas Cerdán.

·1 de noviembre de 2026·3 min de lectura

La Audiencia Nacional examina hasta 11 expedientes de obra de Adif y Carreteras adjudicados a Acciona Construcción por 537,2 millones, que pudieron amañarse para que Santos Cerdán y José Luis Ábalos cobraran comisiones; hay diez personas imputadas, entre ellas Cerdán.

La Audiencia Nacional sigue investigando los contratos de obra pública del Ministerio de Transportes que superan los 500 millones de euros. Según la causa, pudieron amañarse para que los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos cobraran comisiones. En el proceso contra Ábalos, el Tribunal Supremo ya confirmó los sobornos y le impuso una pena de 24 años de cárcel por el caso de las mascarillas; mientras tanto, la causa contra Cerdán continúa bajo investigación judicial.

El juzgado está revisando varios contratos adjudicados a Acciona Construcción, cuyo importe total asciende a 537,2 millones de euros, tanto en la etapa en que Ábalos dirigía el ministerio como antes, debido a la vinculación de Cerdán con directivos de la empresa. Son hasta 11 expedientes de obra adjudicados por Adif o por la Dirección General de Carreteras, que dirigían entonces Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, ambos investigados por el magistrado Ismael Moreno. La Fiscalía Anticorrupción concentra su atención sobre todo en seis de ellos.

La causa nació de la investigación del Supremo contra Ábalos y de la declaración del empresario Víctor de Aldama, que pagó sobornos al exministro para lograr un trato preferente a las empresas que representaba en adjudicaciones durante la pandemia. Aldama sostuvo que Cerdán disponía de una especie de «cupo vasco», una influencia sobre las obras del norte de España que no quería perder frente a Ábalos. Citó además a Acciona Construcción, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos, receptoras de contratos ahora bajo sospecha.

Además de Cerdán, Herrero y Pardo de Vera, están imputados los exdirectivos de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte, Manuel José García Alconchel y Fernando Merino; Daniel y Antonio Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos; y el dueño de LIC, José Ruz.

La investigación inicial del Supremo mostró que Cerdán llegó a tener cerca del 50 % de Servinabar, una de las adjudicatarias que concurrieron en unión temporal de empresas con Acciona Construcción, y su estrecha amistad con el dueño de esa firma, Antxon Alonso. Por ello se examina el aumento de patrimonio de Cerdán y de su familia entre 2014 y julio de 2021, cuando Ábalos dejó el ministerio.

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente envió a Cerdán a prisión preventiva en un auto del 30 de junio de 2025. En él recogió el total de adjudicaciones bajo sospecha, 537,2 millones, y fijó como hipótesis un 1 %, unos cinco millones de euros, como posible importe de las comisiones. Precisó que ese porcentaje es «aun muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes» y no descartó que otras personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, Koldo García y Cerdán, se hubieran lucrado.

Antes, el 12 de junio de 2025, la Guardia Civil entregó a Puente un informe que cifraba en 620.000 euros el dinero de Transportes que Cerdán habría gestionado para cobrar mordidas, y asociaba 550.000 euros a dos adjudicaciones de Acciona en Murcia. Ese material, junto con los datos aportados después por la Intervención General del Estado, obra ya en poder del juez Moreno.

Antes, en Capitol

22 de octubre. Acciona reconoce ante el juez del caso Koldo facturas de Servinabar por 1,957 millones en la variante de Logroño. Acciona Construcción reconoció ante el juez Ismael Moreno que Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, emitió facturas por 1.957.000 euros, IVA incluido, a la UTE que construyó la variante de Logroño.

21 de octubre. Cerdán intenta impedir que el juez del ‘caso Koldo’ acceda a sus agendas por ser «íntimas». Santos Cerdán recurre la petición del juez del caso Koldo, Ismael Moreno, al instructor del caso Leire Díez, Santiago Pedraz, de una copia de lo intervenido en su domicilio.

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