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Asturias abre un mes de alegaciones para reabrir la mina de antracita en Cangas del Narcea

Asturias abre un mes de alegaciones para reabrir la mina de antracita en Cangas del Narcea

El proyecto de TYC Narcea prevé 150 empleos directos y podría reactivarse antes de fin de año, pero el ITJ decidirá en septiembre si debe devolver ayudas al cierre

·14 de agosto de 2026·2 min de lectura

El proyecto de TYC Narcea prevé 150 empleos directos y podría reactivarse antes de fin de año, pero el ITJ decidirá en septiembre si debe devolver ayudas al cierre

El Gobierno del Principado de Asturias ha iniciado este viernes el periodo de información pública para la reapertura de la mina de antracita de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, paralizada desde noviembre. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha publicado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) el anuncio que somete a alegaciones la solicitud de autorización administrativa y ambiental presentada por la empresa TYC Narcea Special Research S.L., con un plazo de un mes para presentar objeciones.

El proyecto, que contempla la creación de unos 150 puestos de trabajo directos según el comité de empresa, avanza tras cumplir el compromiso anunciado por el consejero Borja Sánchez de abrir la participación pública una vez completada la documentación exigida. La reapertura, sin embargo, enfrenta un obstáculo clave: el Instituto para la Transición Justa (ITJ) debe resolver a finales de septiembre si la nueva explotación obliga a devolver las ayudas al cierre que recibió la anterior empresa, Carbonar, que operaba en otra zona de la mina con carbón térmico.

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TYC Narcea argumenta que su actividad se centra en la extracción de antracita de bajo volátil, un mineral distinto al explotado por Carbonar, por lo que rechaza la devolución de las subvenciones. La decisión del ITJ, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, podría condicionar la viabilidad económica del proyecto, que aspira a reanudar la producción antes de que finalice 2026.

El trámite de información pública, regulado por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, permite a ciudadanos, entidades y administraciones examinar el expediente y presentar alegaciones. Este paso es previo a la emisión de las autorizaciones definitivas, que incluyen la evaluación de impacto ambiental simplificada. La mina, ubicada en una zona de tradición minera, ha sido objeto de debate por su posible impacto en la transición energética, aunque el Gobierno asturiano ha destacado su alineación con la estrategia de reactivación industrial de la región.

El comité de empresa ha mostrado su confianza en que la reapertura se concrete este año, mientras que organizaciones ecologistas han anunciado que analizarán el proyecto para valorar posibles impugnaciones. La resolución del ITJ sobre las ayudas, prevista para septiembre, será determinante para definir el calendario y las condiciones de la reactivación.

Fuente: Agencia EFE

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