El Supremo frena un expediente de la Guardia Civil contra la UCO por orden del Gobierno
El magistrado Leopoldo Puente advirtió al instructor Antonio Cortés de posibles diligencias si seguía adelante con la investigación interna solicitada por la dirección general
CRedacción Capitol·18 de agosto de 2026·2 min de lectura
El magistrado Leopoldo Puente advirtió al instructor Antonio Cortés de posibles diligencias si seguía adelante con la investigación interna solicitada por la dirección general
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente frenó el 19 de mayo de 2025 un expediente interno de la Guardia Civil que pretendía investigar a la Unidad Central Operativa (UCO) por presiones políticas del entorno del Gobierno. El instructor del caso, el jefe de Armas Antonio Cortés, recibió una advertencia directa del juez: «No autorizo ninguna apertura formal de algo así. Y le advierto de que, si siguen adelante, abriré diligencias contra usted y contra quien se lo ha encargado».
El expediente, calificado como «información reservada», fue impulsado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, tras detectarse maniobras desde el PSOE para desprestigiar a la UCO. Según notas internas del 29 de abril y 5 de mayo de 2025, la unidad alertó de intentos de socavar su credibilidad, vinculados a Leire Díez —asesora del PSOE conocida como «la fontanera»— y al exnúmero dos del partido, Santos Cerdán. Sin embargo, González y Llamas no actuaron sobre esas alertas, pero sí ordenaron abrir el expediente contra la UCO el 10 de mayo, solo un día después de que Díez acusara públicamente a la unidad de filtrar información contra el Gobierno.
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La investigación interna pretendía indagar en la UCO, encargada de casos sensibles como las causas contra Begoña Gómez, el hermano del presidente Pedro Sánchez, el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Puente, instructor de la causa contra Ábalos, consideró que el expediente era un intento de interferencia política y lo bloqueó. Cortés cerró el caso el 26 de mayo, una semana después de la advertencia judicial. Desde 2023, solo seis expedientes similares se han abierto en la Guardia Civil, tres de ellos contra la UCO.
El episodio refleja una tensión recurrente entre el Ejecutivo y la judicatura por el control de investigaciones sensibles. La UCO, dirigida por el teniente coronel Antonio Balas, ha sido señalada por el Gobierno como una unidad «politizada», aunque su historial incluye casos contra figuras de todos los partidos, como el exministro Rodrigo Rato. Mientras, altos mandos como el general Alfonso López Malo han resistido presiones internas, incluso enfrentándose a maniobras para apartarlos, como una propuesta de traslado a Portugal.
La advertencia de Puente no solo frenó el expediente, sino que reforzó la independencia judicial en un contexto de creciente polarización. El caso subraya cómo las instituciones —desde la Guardia Civil hasta el Supremo— se convierten en escenarios de disputa política, con funcionarios anónimos actuando como barrera frente a interferencias.
