El Ejecutivo prioriza la atención humanitaria en cuatro espacios temporales mientras el presidente ceutí amenaza con recurrir al Poder Judicial en 30 días
El Gobierno ha activado un dispositivo para instalar 1.500 camas en cuatro espacios temporales de Ceuta, diecisiete días después del cruce masivo de migrantes, tras descartar las expulsiones inmediatas prometidas inicialmente por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunció la medida en la ciudad autónoma, donde miles de personas permanecen a la intemperie, y aseguró que se cumplirá «estrictamente» la legalidad vigente, que prohíbe las devoluciones exprés de menores no acompañados y solicitantes de asilo.
Los emplazamientos, ubicados en zonas periféricas de Ceuta, incluyen un parking cedido por la ciudad —el del Embolsamiento en la Loma Colmenar—, las pistas deportivas del cuartel de Caballería, un descampado frente a la antigua fábrica de guano y el centro ecuestre de la ciudad. Este último, gestionado por socios privados, ha generado resistencia: algunos trabajadores, que prefirieron mantener el anonimato, recibieron órdenes de preparar una pista de hípica para albergar migrantes, mientras un grupo de propietarios de caballos estudia recurrir a la Ley de Protección Animal para bloquear la medida.
La decisión del Gobierno responde a la presión humanitaria en Ceuta, donde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) sigue saturado y cientos de personas se refugian en chozas improvisadas en laderas cercanas a la playa del Trampolín. Saiz no precisó cuántas personas permanecen en la calle, aunque fuentes locales apuntan a que la cifra supera los 2.000. Un centenar de migrantes subsaharianos inició una huelga de hambre para exigir acceso al asilo, mientras los marroquíes, minoritarios en el flujo actual, denuncian discriminación en los trámites.
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), acusó al Gobierno de «maquillar la realidad» y anunció que recurrirá a «otras instancias del Estado», incluido el Poder Judicial, si la crisis no se resuelve en 30 días. Vivas, que ya había calificado la situación de «alto riesgo» tras reunirse con Pedro Sánchez, denunció «pasividad» y advirtió que trasladará el caso al Tribunal Supremo y al Constitucional. La tensión política se suma a la social: vecinos de las zonas afectadas, como la playa del Trampolín, han mostrado hartazgo ante la acumulación de migrantes en espacios públicos.
El operativo, liderado por el Ministerio de Migraciones, prioriza ahora la atención humanitaria sobre el control fronterizo, después de que Marruecos demostrara su capacidad para sellar la frontera. Saiz insistió en que la respuesta del Gobierno «pone en el centro los derechos humanos», aunque evitó detallar plazos para la regularización de los migrantes o la descongestión del CETI. Mientras, el Ejército ha comenzado a montar tiendas de campaña en los parkings cedidos, donde se instalarán literas y duchas portátiles.
Fuente: La Vanguardia
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