La Consejería de Desarrollo Sostenible tacha de «inviable» el sector de Fábrica de Papel y exige reducir otros ámbitos residenciales
El Ayuntamiento de Toledo ha visto condicionados los principales desarrollos residenciales de su nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) por la inundabilidad de los terrenos, según el documento de alcance de la evaluación ambiental estratégica elaborado por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Los sectores afectados suman una previsión de 5.570 viviendas, aunque las restricciones varían: desde reducciones parciales hasta la declaración de «inviabilidad» para la clasificación urbanística de la zona de Fábrica de Papel.
El POM, en fase de avance, es el instrumento que define el modelo urbanístico de la ciudad para las próximas décadas, incluyendo usos del suelo, equipamientos y crecimiento residencial. La evaluación ambiental estratégica, obligatoria por ley, identifica impactos potenciales y propone medidas correctoras antes de su aprobación definitiva. En este caso, la Consejería ha señalado que los riesgos de inundación —agravados por fenómenos climáticos extremos— exigen replantear la edificabilidad en áreas clave, lo que podría retrasar o modificar proyectos ya anunciados por el equipo de gobierno local, liderado por el alcalde Carlos Velázquez (PP).
La zona de Fábrica de Papel, uno de los sectores más ambiciosos del plan, concentra una parte significativa de las viviendas previstas. Su inviabilidad, según el informe, obliga al Ayuntamiento a buscar alternativas para compensar el déficit habitacional, que en Toledo supera las 3.000 viviendas según datos del Ministerio de Vivienda de 2025. El Consistorio no ha detallado aún cómo afectará esta decisión a los plazos del POM, cuya aprobación definitiva estaba prevista para 2027, ni si recurrirá las conclusiones de la Consejería, gobernada por el PSOE en coalición con Podemos.
El conflicto refleja la tensión entre desarrollo urbanístico y adaptación al cambio climático, un debate recurrente en ciudades con terrenos vulnerables. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló parcialmente el POM de Albacete por no considerar riesgos de inundación, un precedente que ahora Toledo podría enfrentar si no ajusta su plan. Además, la decisión de la Consejería podría influir en la financiación europea para proyectos urbanísticos, ya que los fondos Next Generation exigen evaluaciones ambientales rigurosas.
Los promotores inmobiliarios, agrupados en la Asociación de Empresas de Urbanismo de Toledo, han mostrado su preocupación por el «parón» en los proyectos, que afecta a inversiones ya comprometidas. Mientras, colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción han celebrado el informe, argumentando que «Toledo no puede permitirse repetir errores como los de la urbanización de la Vega Baja, donde las inundaciones de 2023 dejaron daños por 12 millones de euros».
Fuente: ABC
