CRedacción Capitol·25 de agosto de 2026·2 min de lectura
Sanidad descarta confinamiento pero advierte de riesgos por hacinamiento e insalubridad en la ciudad autónoma
El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado el envío de 45.000 vacunas a Ceuta para prevenir brotes infecciosos entre los inmigrantes que entraron irregularmente desde Marruecos el pasado 30 de julio, en un operativo que involucró a unas 80.000 personas. La Comisión de Salud Pública, reunida de forma extraordinaria este lunes, ha aprobado el reparto de 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio, utilizando el mecanismo de solidaridad entre autonomías y el Ministerio de Sanidad.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha justificado la medida como «preventiva» para garantizar «unas condiciones dignas» tanto para los migrantes como para la población ceutí no vacunada, sin afectar al calendario vacunal ordinario. García ha rechazado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de decretar un confinamiento sanitario en Ceuta, tachándola de «injustificada» y «contraproducente». «Deje de azuzar miedos con medidas que no sacaría a la luz si la población no fuera migrante procedente de África», ha instado la ministra.
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El acuerdo se ha alcanzado pese a las tensiones políticas, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusando a García de convocar la reunión «de manera chantajista» tras no actuar antes. Aunque ninguna autonomía ha rechazado el envío, varias gobernadas por el PP exigen «transparencia, coordinación estatal, financiación completa y reposición inmediata» de las dosis cedidas. Expertos como el epidemiólogo Pedro Arcos advierten que el riesgo principal no son enfermedades «exóticas», sino las condiciones de hacinamiento e insalubridad, que favorecen brotes de gastroenteritis, tuberculosis o infecciones cutáneas.
Arcos, citado por la agencia SMC España, califica el riesgo de transmisión a la población ceutí como «bajo pero no nulo», especialmente para sanitarios y fuerzas de seguridad. Aunque descarta el confinamiento «por el momento», subraya que la prioridad es mejorar las condiciones de vida de los migrantes. La situación en Ceuta se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de crisis migratorias, donde las discrepancias entre Gobierno y oposición se centran en la idoneidad de medidas excepcionales frente a soluciones estructurales.
El envío de vacunas se produce en un contexto donde la presión migratoria en Ceuta ha reavivado discursos sobre seguridad sanitaria, aunque Sanidad insiste en que no hay una «emergencia de salud pública». La decisión refleja un equilibrio entre prevención y coordinación interterritorial, pero también expone las fisuras políticas en la respuesta a crisis humanitarias.
