Según cuatro fuentes del gestor ferroviario, su presidente denegó a finales de 2025 la petición del director general de Operaciones y Explotación, Raúl Míguez, de destinar 1.000 millones a conservación y solo aceptó la mitad, pocos meses antes del accidente del 18 de enero de 2026.
Según esas fuentes, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, respondió que no al director general de Operaciones y Explotación, Raúl Míguez, máximo responsable de mantenimiento. Le dijo que «solo le aceptaba el 50% del presupuesto total de 1.000 millones de euros» que figuraba en su informe, es decir, en torno a 500 millones para conservación.
Míguez, con más de veinte años en la casa, había presentado un informe de evaluación con esa petición de gasto. Alertaba de que la inversión en mantenimiento de las líneas de alta velocidad había bajado en los últimos años por debajo de 400 millones anuales, con el consiguiente riesgo para la seguridad. Según las fuentes, tenía prisa porque en 2025 vencían los convenios del periodo 2020-2025 firmados con el Ministerio de Transportes para fijar las inversiones. Marco de la Peña desestimó el informe, que se elevó al Comité de Dirección, y la conversación tuvo lugar a finales de 2025, por razones presupuestarias.
El accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, ocurrió el 18 de enero de 2026. Dos días después, un tren de cercanías chocó en Gélida (Barcelona) contra un muro caído por las riadas, con la muerte del maquinista y 37 heridos. Tras ese siniestro, Míguez fue apartado de la dirección general y pasó a ser director adjunto de Coordinación de Proyectos y actuaciones transversales, un nivel inferior en el organigrama. Ángel García de la Bandera lo sustituyó al frente de mantenimiento.
Las mismas fuentes sostienen que el gasto en soterramientos ha cuadruplicado al de mantenimiento: unos 2.000 millones de euros frente a una cifra que no llegaba a los 500 millones.
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