CRedacción Capitol·25 de agosto de 2026·2 min de lectura
José Luis Azabal reclama retirada de árboles quemados, captaciones de agua alternativas y un pacto regional de prevención antes del invierno
El alcalde de Pinofranqueado (Cáceres), José Luis Atabal, ha solicitado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, un plan integral para la comarca de Las Hurdes tras los incendios forestales de 2023, 2025 y 2026, que incluye medidas de prevención, recuperación de zonas quemadas y mejora de infraestructuras críticas.
En una carta dirigida a Guardiola, Atabal denuncia que el 30% de la superficie afectada por el fuego de 2023 sigue sin limpieza, y que en 2025 no se ejecutaron obras de emergencia en captaciones de agua como La Muela y Robledo. Entre las propuestas, figura declarar como zonas de actuación urgente los montes de Nuñomoral y Pinofranqueado, así como ampliar las áreas peri urbanas de protección. El alcalde también propone un Pacto de Región con todos los partidos representados en la Asamblea de Extremadura para coordinar la gestión forestal y la prevención de incendios.
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El abastecimiento de agua se ha convertido en el principal problema tras los incendios. Atabal advierte de que las lluvias arrastran cenizas, tierra y restos vegetales hacia las captaciones, lo que podría comprometer el suministro durante el invierno. Para evitarlo, el Ayuntamiento busca alternativas como cerrar temporalmente la entrada de agua a los depósitos cuando llueva, una solución ya aplicada en 2023 en La Muela y Robledo. Además, se trabaja en un tendido de mangueras en Horcajo para garantizar agua de calidad a las alquerías afectadas.
El alcalde ha pedido calma a los turistas ante las cancelaciones de reservas, recordando que gran parte del término municipal y otros municipios de Las Hurdes no se han visto afectados por el fuego. La comarca afronta la recta final de la temporada turística, clave para su economía, con el sector en riesgo por la imagen de los incendios.
La solicitud de Atabal incluye una reunión con la Junta de Extremadura para definir plazos, financiación y mecanismos de coordinación con la Diputación de Cáceres, el Gobierno central, la Mancomunidad y el Grupo de Acción Local. El plan integral que reclama exige un calendario concreto, presupuesto asignado y sistemas de seguimiento para evitar que las medidas queden en papel.
