La Junta, gobernada por PP y Vox, rechaza derivar a 40 niños acogidos en 2025 y evita incluir el tema en la conferencia sectorial del 27 de agosto
El Gobierno andaluz, liderado por el popular Juanma Moreno, se enfrenta a un conflicto legal y político por su negativa a cumplir un convenio firmado en 2024 con Ceuta para acoger a menores migrantes no acompañados. El acuerdo, vigente hasta 2028, obliga a Andalucía a colaborar en la derivación de niños en situación de crisis migratoria, pero el pacto de investidura con Vox —que incluye el rechazo explícito a cualquier reparto— choca frontalmente con este compromiso.
El convenio, firmado por la consejera andaluza de Inclusión Social, Loles López, y el titular de Presidencia de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, establece un mecanismo de cooperación inter autonómica para trasladar menores cuando los centros ceutíes estén saturados. En julio de 2025, Andalucía acogió a 40 niños tras una petición de auxilio de la ciudad autónoma, pero ahora fuentes de la vicepresidencia segunda —en manos de Vox— consideran que el acuerdo «ha quedado superado» por el pacto de Gobierno, que prohíbe expresamente «cualquier mecanismo de reparto».
La tensión se agravó el pasado jueves, cuando la Junta participó en una reunión técnica en el Ministerio de Infancia, pero se negó a incluir en el orden del día de la conferencia sectorial del 27 de agosto un punto sobre el reparto de menores procedentes de Ceuta. Otras comunidades gobernadas por el PP adoptaron la misma postura. Sin embargo, Andalucía sí respaldó una ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para paliar la crisis humanitaria en la ciudad autónoma, aunque sin asumir la acogida directa de más niños.
El marco legal que ampara el convenio se remonta al Plan de Respuesta aprobado en 2022 por la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, que fija criterios de reparto entre comunidades. Este sistema ya generó conflictos en 2025, cuando Canarias también registró llegadas masivas de menores. La postura actual de la Junta, sin embargo, prioriza el acuerdo con Vox, que exige reducir al mínimo imprescindible el gasto en acogida y rechaza habilitar nuevos centros.
El conflicto refleja la división entre el discurso institucional de Andalucía —que en 2024 defendía la solidaridad inter autonómica— y las exigencias de su socio de Gobierno. Mientras, Ceuta sigue dependiendo de estos mecanismos para aliviar la saturación de sus centros, donde decenas de menores esperan una solución que, por ahora, la Junta se niega a ofrecer.
Fuente: El Mundo
