El Gobierno aragonés firma un acuerdo con una empresa de seguridad para cubrir el CATIM de Torrero y el CAIIMA de Movera, pese a que la propuesta original de policías fue rechazada por falta de competencias.
Alejandro Nolasco, consejero de Seguridad del Gobierno de Aragón, anunció este viernes 4 de septiembre que los centros de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) de Torrero y el Centro de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIMA) de Movera ya cuentan con efectivos de seguridad privada desde el mes en curso.
La medida surge después de que el propio Gobierno de Aragón le indicara que su propuesta de colocar agentes de la Policía Nacional en los centros no correspondía a las competencias del cuerpo, lo que obligó a buscar «otra vía para mantener vigilados los centros de menores».
El acuerdo se formalizó entre la Consejería de Seguridad y una empresa de seguridad privada; aunque no se ha revelado el coste mensual, la contratación permite cubrir la vigilancia sin depender de la estructura policial estatal.
Esta decisión afecta directamente a la gestión de la infancia migrante en la provincia de Zaragoza, donde ambos centros concentran a cientos de menores y familias en situación de vulnerabilidad, y responde a la presión del partido Vox, que ha denunciado la falta de control en estos centros.
El precedente de delegar la seguridad a empresas privadas en centros de menores es poco frecuente en España, aunque la normativa autonómica permite acuerdos de este tipo cuando la competencia policial está limitada. La medida podría sentar un precedente para futuros pactos en otras comunidades autónomas que enfrenten retos similares.
Tras la puesta en marcha, el Gobierno aragonés deberá supervisar la operatividad del contrato y evaluar su eficacia, mientras que la oposición regional seguirá cuestionando la ausencia de información sobre el presupuesto destinado a la seguridad privada.
Fuente: ABC
