Los magistrados piden concretar qué mensajes buscan y advierten de que pedirlos afectaría a la intimidad de la exdelegada del Gobierno. La decisión mantiene a Bernabé como testigo.
Resumen
- Los magistrados consideran que la petición es demasiado genérica y que no se ha acreditado su utilidad para esclarecer los hechos.
- Bernabé ya se negó en abril de 2025 a aportar voluntariamente el listado de llamadas de su teléfono móvil.
- La petición inicial, presentada en julio de 2026 por Pradas, incluía a Bernabé y al presidente de la CHJ, Miguel Polo.
- La jueza sostiene que Bernabé y Polo son testigos y no pueden ser objeto de esa diligencia por el efecto reflejo sobre los investigados.
- La Fiscalía se opuso a los recursos y sostuvo que la petición constituía una diligencia de sondeo.
Los recursos presentados por Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, fueron desestimados íntegramente por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Se mantiene la decisión de la jueza de la DANA de no requerir a la entonces delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sus comunicaciones del 29 de octubre. El auto se ha hecho público este martes.
Los magistrados afirman que las defensas no han especificado qué mensajes de Bernabé desean contrastar ni qué partes de su declaración podrían ser refutadas. Concluyen que la solicitud resulta excesivamente genérica y que no se ha demostrado su utilidad para esclarecer los hechos bajo investigación. La resolución señala que lo esencial no consiste en conocer toda la información que se difundió el día de la emergencia, sino la información concreta que poseían los investigados para tomar decisiones específicas, y que la diligencia impactaría «de lleno al núcleo» de la intimidad de Bernabé.
El tribunal recuerda que Bernabé se negó, en su declaración judicial de abril de 2025, a proporcionar voluntariamente el registro de llamadas de su móvil. De ello se deduce que tampoco aceptaría una solicitud de mayor alcance como la presente.
La solicitud partió de Pradas en julio de 2026. Solicitó que Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y Bernabé entregaran de forma voluntaria todas las comunicaciones vinculadas a la emergencia, ya fueran entre ambos o con otros responsables públicos. Su defensa subrayaba los contactos sobre la evolución del barranco del Poyo, que a su juicio permitirían reconstruir el flujo de información entre administraciones en las horas críticas.
La jueza lo desestimó al considerar que Bernabé y Polo actúan como testigos, por lo que sus mensajes y llamadas no pueden ser reclamados como reflejo de la actuación de los investigados. La defensa de Pradas interpuso el recurso porque, a su juicio, esas comunicaciones son clave para reconstruir la información que llegó al Cecopi y lo que conocían los responsables.
Sus abogados alegaron que la negativa de Bernabé en su testifical se refería solo a las llamadas telefónicas, mientras que ahora se pedían todas las comunicaciones sobre la emergencia, y que se trataba de un ofrecimiento nuevo y distinto del anterior. El recurso indicaba también que en la instrucción sí se incorporaron las comunicaciones de otras personas que, a juicio de la defensa, tuvieron un papel menos relevante, como un trabajador de TYPSA, el chófer de Carlos Mazón o un secretario autonómico.
La Fiscalía se opuso a los recursos por considerar que la petición era una diligencia de sondeo y que no se habían concretado los testimonios o datos que se querían corroborar. Recordó que la causa ya contenía las comunicaciones entre Bernabé y el presidente de la CHJ, así como los contactos telefónicos entre la delegada y Pradas, los cuales fueron documentados mediante acta notarial.
El Ministerio Público señala que Bernabé, a través de Polo, facilitó capturas de dos mensajes del 29 de octubre: uno a las 14.25 horas sobre el posible desbordamiento del río Magro en Utiel, y otro a las 16.16 sobre la posibilidad de que el embalse de Forata vertiera por el aliviadero en dos horas. La Fiscalía añadió que los informes periciales acreditan que la entonces delegada no mantuvo comunicaciones con Argüeso durante esa jornada.
La Audiencia descarta que negarse a reclamar las comunicaciones vulnere el derecho de defensa o la igualdad de armas, y considera suficientemente motivadas las resoluciones de la jueza. Precisa también que en este recurso no corresponde analizar otras decisiones de la instructora sobre las diligencias pedidas por las partes.
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