CRedacción Capitol·9 de octubre de 2026·2 min de lectura
Los magistrados desestiman el recurso del activista millonario reclamado por Estados Unidos por riesgo de fuga
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza este viernes 9 de octubre la libertad provisional de Fergie Chambers, activista millonario reclamado por EE. UU. por presunto lavado de capitales para grupos terroristas.
El tribunal sostiene que las medidas cautelares solicitadas por la defensa resultan del todo insuficientes para neutralizar el riesgo de fuga existente. Entre las alternativas planteadas por sus letrados figuraban la entrega de una fianza económica, comparecencias periódicas y la retirada del pasaporte.
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Razón del tribunal: riesgo de fuga por capacidad económica y rechazo a extradición
Los jueces subrayan que el recurrente dispone de un elevado patrimonio financiero para trasladar su residencia a cualquier territorio. El auto advierte de que el acusado busca evitar a toda costa su entrega a las autoridades de Estados Unidos.
Los magistrados razonan que «el riesgo de fuga sigue inmanente, el recurrente no quiere ser entregado a Estados Unidos y tiene capacidad económica suficiente, él nos lo alega, para facilitar el cambio de residencia a cualquier otro país que pensara que pudiera garantizarle la no entrega a los Estados Unidos; y la retirada de pasaporte no sería suficiente, puesto que los controles fronterizos terrestres son absolutamente permeables, por ello, la única medida idónea para garantizar el éxito en la entrega, si procediera, es la prisión provisional».
El tribunal remarca además que la vista definitiva sobre la extradición se celebrará en fechas próximas. En esa futura comparecencia se evaluarán de manera pormenorizada todas las alegaciones defensivas expuestas por el ciudadano norteamericano.
Las alegaciones de arraigo de Chambers
Chambers cumple prisión preventiva desde julio de 2026, a la espera de la decisión sobre su extradición. EE. UU. le acusa de presuntos delitos de disturbios, conspiración para promoverlos y blanqueo internacional de capitales vinculados a organizaciones terroristas.
UU. y alegó ser víctima de una persecución política impulsada por la Administración de Donald Trump.
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Su defensa invocó el principio de especialidad, que limita su juzgamiento en EE. UU. exclusivamente a los cargos incluidos en la orden de extradición.
La defensa de Chambers alegó ante la Sala un sólido arraigo familiar y personal en territorio español para solicitar su excarcelación. El activista residía en Ibiza con su núcleo cercano antes de producirse su arresto preventivo.
Su defensa alegó arraigo familiar en España: su hijo estudia en el país y su esposa, embarazada, reside en Madrid durante el proceso.
