CRedacción Capitol·11 de octubre de 2026·3 min de lectura
Comprada el 7 de octubre con fondos, la medida evitó el desalojo del 15 de octubre tras la protesta de más de 300 activistas
El miércoles, el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido en menos de 48 horas dos edificios okupados. Uno está en Sant Andreu y otro en el Raval. Esta medida busca frenar desalojos y reactiva el debate sobre el uso de fondos públicos.
Las operaciones, financiadas con recursos autonómicos y municipales, evitan el desahucio de más de 50 personas, aunque generan escepticismo en la oposición por su repetición y falta de claridad en los requisitos.
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La primera compra, anunciada el miércoles 7 de octubre, afecta al bloque de la calle Lenguado, 74, en Sant Andreu, donde 18 de sus 20 pisos llevan años ocupados. La intervención, impulsada tras 12 horas de movilizaciones vecinales con más de 300 activistas, se financiará con el Fondo de Emergencia Habitacional de la Generalitat. Al día siguiente, el consistorio ofreció a la Sareb adquirir el solar del Àgora Juan Andrés Benítez, en el Raval, un espacio autogestionado que evita así un desalojo previsto para el 15 de octubre, aunque sin acuerdo definitivo.
Estas operaciones recuerdan la polémica compra de Casa Orsola en febrero de 2025. En aquel caso, el Ayuntamiento y la fundación Hàbitat3 adquirieron el edificio por 9,2 millones de euros. De esos, 4,8 millones fueron aportados por el consistorio para alquiler asequible. Entonces, el Partido Popular (PP) denunció que algunos inquilinos no cumplían los requisitos de vulnerabilidad y anunció querella contra la Fiscalía. Vox criticó la «cedencia» ante colectivos, mientras Barcelona en Comú y Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) defendieron la medida desde posturas distintas: los primeros como solución habitacional; los segundos por haber impulsado su estudio.
El caso de Casa Orsola: 9,2 millones y polémica por okupas sin requisitos
El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha cuestionado ahora estas nuevas compras. Acusa a los gobiernos de Jaume Collboni y Salvador Illa de actuar como una «inmobiliaria de okupas». Por ello, pide mayor transparencia en la gestión. Sirera exige detalles sobre el coste de las adquisiciones y los criterios que justifican intervenciones en propiedades ocupadas ilegalmente. «Las administraciones no pueden solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos», advirtió. Recordó que Casa Orsola ya generó un enfrentamiento político por su opacidad. Por ello, critica la estrategia actual.
El Àgora Juan Andrés Benítez, en la calle de l’Aurora, es otro caso de ocupación ilegal que el Ayuntamiento busca resolver con una compra a la Sareb. Aunque la negociación ha suspendido el desalojo, la falta de un acuerdo cerrado mantiene la incertidumbre sobre su futuro. Barcelona en Comú ha respaldado la iniciativa, pero exige garantizar el uso comunitario y el modelo autogestionado del espacio. Mientras tanto, la oposición insiste en que estas medidas no abordan el problema estructural de la vivienda en la ciudad.
El debate se centra en sí estas intervenciones puntuales, financiadas con fondos públicos, son una solución real o una respuesta a presiones sociales. Mientras el Ayuntamiento defiende que evitan desalojos forzosos, el PP y Vox exigen un plan integral que no dependa de compras discrecionales. La repetición de estas operaciones en menos de un año refuerza las críticas sobre la falta de transparencia en la selección de casos y el destino de los recursos.
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El precedente de Casa Orsola sigue vigente: entonces, la compra se justificó como medida excepcional. Sin embargo, hoy el PP y Vox la citan como ejemplo de una política que, según ellos, prioriza la imagen sobre la legalidad. La Fiscalía abrió diligencias en 2025 por posibles irregularidades en la compra de Casa Orsola, pero no ha comunicado avances recientes. La oposición anuncia que vigilará estas nuevas adquisiciones.
