La Generalitat financia la compra de bloque en Sant Andreu por 74 M
La operación incluye un bloque de 20 pisos en Sant Andreu —18 okupados desde hace años— y un solar en el Raval, con desalojo previsto para el 15 de octubre
CRedacción Capitol·11 de octubre de 2026·2 min de lectura
La operación incluye un bloque de 20 pisos en Sant Andreu —18 okupados desde hace años— y un solar en el Raval, con desalojo previsto para el 15 de octubre
El Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido en menos de 48 horas dos edificios okupados. Uno costó 74 millones y el otro está en negociación con la Sareb. Esta medida busca frenar desalojos, replicando el polémico caso de Casa Orsola en 2025.
La primera operación, cerrada el 7 de octubre, salvó a más de 50 residentes del bloque de la calle Llenguadoc. El bloque está en Sant Andreu y la movilización vecinal duró doce horas. La Generalitat financió la compra con su Fondo de Emergencia Habitacional, que afecta a 20 pisos, 18 de ellos ocupados desde hace años. Al día siguiente, el mismo equipo de gobierno ofreció a la Sareb el solar del Ágora Juan Andrés Benítez, en el Raval, suspendiendo así un desalojo previsto para el 15 de octubre, aunque sin acuerdo definitivo.
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Estas compras reviven el debate sobre el uso de fondos públicos para resolver conflictos habitacionales con adquisiciones urgentes. En febrero de 2025, el Ayuntamiento y la fundación Hàbitat3 compraron Casa Orsola en el Eixample. El precio fue de 9,2 millones de euros, con 4,8 millones aportados por el consistorio. Entonces, el Partido Popular (PP) denunció que algunos inquilinos no cumplían los requisitos de vulnerabilidad y anunció que llevaría el caso a la Fiscalía. Vox criticó la «cedencia» ante colectivos pro-okupación, mientras Junts cuestionó el coste y la falta de planificación.
El caso de Casa Orsola: polémica por fondos públicos y requisitos de vulnerabilidad
Daniel Sirera, líder del PP, ha tachado a las administraciones de Jaume Collboni de actuar como una «inmobiliaria de okupas». También critica a Salvador Illa de la Generalitat por la misma razón. Sirera exige detalles sobre el precio de las operaciones y los criterios que justifican priorizar estas compras sobre otras medidas estructurales de vivienda asequible. «Las administraciones no pueden solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos», ha advertido Sirera. Él reclama que se aclare si los ocupantes cumplen los estándares legales de vulnerabilidad.
Por su parte, Barcelona en Comú ha respaldado las compras como «solución inmediata» para evitar desahucios, aunque matiza que el Ágora Juan Andrés Benítez debe mantener su uso comunitario y modelo autogestionado. Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) defendieron la operación de Casa Orsola. Los comunes la justificaron por su impacto social en la comunidad. Los republicanos destacaron su iniciativa para impulsar la compra.
El Ayuntamiento barcelonés insiste en que estas adquisiciones responden a ‘situaciones habitacionales complejas’ y evitan desalojos forzosos. Sin embargo, el PP y Vox insisten en que la estrategia beneficia a ocupaciones ilegales. Además, afirman que elude reformas profundas, como la ampliación del parque de vivienda pública. El debate sobre el alcance de estas medidas y su financiación vuelve la atención hacia un conflicto. Los críticos afirman que refleja la falta de una política de vivienda clara y a largo plazo.
