La Comunidad de Madrid subasta el piso de Chamberí comprado en abril por 6,3M, con restricción de inspección previa y precio superior al de adquisición
La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha actualizado las condiciones para vender el ático de lujo adquirido en abril en Chambera a través de la empresa pública Planifica Madrid, imponiendo una restricción sin precedentes: los compradores no podrán visitar el inmueble antes de pujar por él.
El precio de salida se ha fijado en 6,69 millones de euros, 390.000 más de lo que pagó la Administración autonómica hace cuatro meses, una diferencia que la oposición regional ha calificado de maniobra especulativa. El escrito aclaratorio, publicado en el portal de contratación autonómico, confirma que el plazo para presentar ofertas finaliza el 7 de septiembre.
El piso, de 481 metros cuadrados construidos con cinco dormitorios y cinco baños, fue adquirido inicialmente como sede provisional de la Presidencia, pero la legalidad urbanística prohíbe su uso administrativo al ser estrictamente residencial. Tras cambiar de estrategia, el Gobierno madrileño justifica ahora la venta exprés para destinar los fondos a reparar los daños de los incendios forestales en la Sierra Oeste.
El caso ya es investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid tras denuncias de tres particulares, el PSOE y el partido Iustitia Europa. Tanto el PSOE-M como Más Madrid se han personado como acusación popular, alegando indicios de perjuicio económico a los fondos públicos y posibles irregularidades en la compra original.
Más Madrid ha denunciado también ante el Tribunal de Cuentas la opacidad de la operación, ejecutada «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido». La formación apunta a los responsables de Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia que dirige Miguel Ángel García Martín, por posible prevaricación y malversación.
El documento aclaratorio también reveló que la terraza oficial de casi 200 metros cuadrados se ha reducido a 99 metros cuadrados tras una ampliación techada previa a la compra, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de la información publicada por la administración.
Fuente: La Vanguardia
