Baja por menopausia, el decreto que se votará antes del 29-N

El Real Decreto-ley 31/2026, publicado hoy en el BOE, crea una baja por trastorno menopáusico que se cobrará desde el 1 de diciembre y amplía la viudedad de las parejas de hecho. Es el cuarto decreto-ley con las Cortes disueltas, según el recuento de Capitol en el BOE, y la Diputación Permanente debe votarlo antes del 20 de noviembre.

• Desde que el BOE publicó la disolución el 6 de octubre, el Gobierno ha aprobado cuatro decretos-ley. Solo en 1993 se aprobaron más en todo el periodo hasta la votación, cinco.
• El anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos sube de 100 a 300 euros al mes por menor y pierde el tope de 18 meses. En dos años, un menor podrá recibir 7.200 euros en lugar de 1.800.
• En el Congreso que salió de las urnas en 2023, y que la Diputación Permanente reproduce a escala, PP, Vox y UPN suman 171 escaños y PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG otros 171. Junts, con 7, y Coalición Canaria, con 1, deciden.

El Consejo de Ministros aprobó el decreto el martes 20 de octubre y el BOE lo publica este miércoles (se abre en otra pestaña) con la firma de Pedro Sánchez y a propuesta de cuatro ministerios, Inclusión, Interior, Trabajo e Igualdad. Bajo un título de Seguridad Social reúne una baja nueva, cambios en la viudedad y la orfandad, una prestación para padres de hijos con cáncer, el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos y las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Son siete materias distintas en una sola votación, y esa es la primera clave para entender lo que viene.

Un decreto-ley no se enmienda en la convalidación. El artículo 86 de la Constitución (se abre en otra pestaña) da al Congreso treinta días desde la promulgación para convalidarlo o derogarlo entero, sí o no. Con las Cámaras disueltas, esa votación corresponde a la Diputación Permanente, un órgano que reproduce en pequeño la correlación de fuerzas de 2023. Quien quiera votar en contra de una parte tendrá que votar en contra de todo, incluida la ayuda a las víctimas del terrorismo, una reclamación que el propio preámbulo atribuye a los colectivos de víctimas y que estos sostienen desde hace años.

Corrección (21/10/2026): la derogación sería la primera con las Cortes disueltas desde, al menos, 1986, el primer año del recuento de Capitol; antes decía «desde 1979».

Siete cambios con fecha distinta

La medida que más se buscará es la baja por menopausia, y conviene precisar su alcance. El decreto no convierte la menopausia en causa de baja. Crea una «situación especial de incapacidad temporal» para la mujer con una «patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado», es decir, un diagnóstico concreto que el médico del servicio público de salud debe registrar con su código y que le impida trabajar. Sigue el modelo de la baja por menstruación incapacitante que introdujo la Ley Orgánica 1/2023 (se abre en otra pestaña), y añade un supuesto paralelo para las lesiones causadas por violencia de género, siempre que haya parte a la Fiscalía, orden de protección o sentencia.

La diferencia con una baja común está en quién paga y desde cuándo. En una enfermedad común el subsidio empieza el cuarto día y los días cuarto a decimoquinto corren a cargo de la empresa, y hacen falta 180 días cotizados en los cinco años anteriores. En las nuevas situaciones especiales la Seguridad Social o la mutua pagan desde el día siguiente a la baja y no se exige cotización previa. En términos económicos, es un traslado de coste de la empresa al sistema, que en teoría reduce el incentivo a penalizar en la contratación a quien previsiblemente pedirá estas bajas, aunque el decreto no estima cuántas habrá ni cuánto costarán, y el texto publicado no incluye ninguna cifra de gasto.

Según la disposición final cuarta, la baja por menopausia y la de violencia de género no producen efectos hasta el 1 de diciembre de 2026, el primer día del segundo mes tras la publicación. Es decir, después de la votación en la Diputación Permanente y después del 29-N. Otras medidas corren ya. La prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave cambia el 23 de octubre. Podrán cobrarla los dos progenitores a la vez, cada uno con el 50 % de su base reguladora, y se prorroga más allá de los 26 años si el hijo tiene una discapacidad del 65 % o un grado III de dependencia. Las nuevas pensiones mínimas, el doble del salario mínimo, se aplican desde el 1 de noviembre a las pensiones extraordinarias por terrorismo y, desde hoy, a la orfandad por violencia contra la mujer. Con el salario mínimo de 1.221 euros al mes que fijó el Real Decreto 126/2026 (se abre en otra pestaña), ese suelo queda en 2.442 euros mensuales.

La viudedad de las parejas de hecho es el cambio con más consecuencias judiciales. Hasta hoy, la Ley General de la Seguridad Social exigía cinco años de convivencia y que la pareja estuviera inscrita en un registro o en documento público al menos dos años antes del fallecimiento. Ese requisito formal dejaba sin pensión a parejas con hijos y años de vida en común que nunca pasaron por el registro. Con el decreto, si hay hijos comunes basta con dos años de convivencia acreditada por el padrón. La norma abre además un plazo de doce meses para que lo pidan quienes enviudaron antes de hoy y no pudieron cobrar, con efectos desde el mes siguiente a la solicitud.

El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos es el cambio más fácil de medir. Creado por el Real Decreto 1618/2007 (se abre en otra pestaña), adelanta la pensión de alimentos que un progenitor ha dejado de pagar pese a una sentencia. Su tope era de 100 euros al mes por menor, durante 18 meses como máximo. Desde el 1 de noviembre será de 300 euros, sin límite de tiempo mientras exista la deuda, y se revisará de oficio en los anticipos vigentes. El límite de ingresos de la familia deja de calcularse sobre el IPREM y pasa al salario mínimo, con un coeficiente más alto, y a los menores de fuera de la Unión Europea se les piden dos años de residencia legal en lugar de cinco. Por último, las víctimas del terrorismo sin sentencia que fije indemnización, pasados cinco años del atentado, podrán pedir que el Estado complete lo cobrado hasta 500.000 euros por fallecimiento cuando cobren los hijos, solos o con el cónyuge, o hasta 350.000 en los demás supuestos. Quienes ya fueron indemnizados por debajo de esas cifras tienen cuatro años para pedir la diferencia, que se pagará en tres anualidades.

Una votación en plena precampaña

El calendario explica el resto. Contados desde la firma del 20 de octubre, los treinta días del artículo 86 vencen antes del 20 de noviembre, con la campaña electoral ya abierta desde el 13. Si la presidenta del Congreso no convoca a la Diputación Permanente a tiempo, el decreto decae sin votarse.

Con el 31/2026 son cuatro los decretos-ley aprobados entre el BOE de la disolución y el día de la votación, después de los dos de vivienda y el de Ceuta. En las trece elecciones generales de 1986 a 2023 hubo 23 en total, y solo en 1993 se superó la cifra actual, con cinco. Quedan cinco semanas y media hasta el 29-N, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, defendió tras el Consejo de Ministros del martes que «este Gobierno sigue gobernando y tiene que seguir respondiendo a desafíos de la ciudadanía». Siguen pendientes una nueva subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones, como contó Capitol.

Los precedentes apuntan en una dirección, con un matiz importante. Según el recuento de Capitol, la Diputación Permanente no ha derogado ningún decreto-ley con las Cortes disueltas desde 1986. En abril de 2019, a tres semanas de unas generales, convalidó seis de una vez, entre ellos el 8/2019, que recuperaba el subsidio para mayores de 52 años. Pero 2026 no es 2019. En esta legislatura el Pleno ha derogado 13 de los 61 decretos-ley firmados desde julio de 2023, como detalla el análisis de Capitol sobre los decretos-ley derogados, y entre ellos el 9/2024, que incluía la revalorización de las pensiones y cayó en enero de 2025.

La aritmética de 2023 deja la decisión en pocas manos. Con los resultados oficiales del 23 de julio de 2023 (se abre en otra pestaña), PP, Vox y UPN suman 171 diputados y PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, otros 171. Los siete escaños de Junts y el de Coalición Canaria inclinan cualquier votación, y la Diputación Permanente reparte sus puestos en proporción a esos grupos. Para los grupos que se opongan a parte del contenido, el problema es de diseño. Votar no a un texto que mezcla víctimas del terrorismo, niños con cáncer y viudedad tiene un coste en campaña. Para el Gobierno el riesgo es el inverso, porque una derogación a días del 29-N sería la primera con las Cortes disueltas desde, al menos, 1986.

Si el decreto cae, la interpretación mayoritaria entre los constitucionalistas es que la derogación no tiene efectos hacia atrás. Lo cobrado entre el 21 de octubre y la votación se mantendría, pero las medidas dejarían de existir hacia delante, y la baja por menopausia, que empieza el 1 de diciembre, no llegaría a aplicarse. Las nuevas Cortes se constituyen el 23 de diciembre. En cualquiera de los dos casos, el próximo Gobierno heredará una norma ya en vigor o la obligación de decidir si la aprueba de nuevo. Las fechas del proceso están en el especial de Capitol sobre las elecciones del 29-N, y las mayorías posibles en el nuevo Congreso, en el simulador de pactos.