Con su programa para el 29-N, la coalición quiere que los reclusos de la banda que siguen en prisión accedan al tercer grado sin las exigencias que hoy impone la ley a los condenados por terrorismo, según denuncian las víctimas.
De cara a los comicios generales del domingo 29 de noviembre, Bildu ha recogido en su programa la idea de borrar del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo y de someter a los integrantes de ETA al régimen penitenciario ordinario. Con este planteamiento, la formación que encabeza Arnaldo Otegi busca que los miembros de la banda que todavía cumplen condena en centros de País Vasco y Navarra puedan pasar al tercer grado y recuperar la libertad.
De acuerdo con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre los 110 reclusos de ETA que están cumpliendo pena, únicamente 35 carecen de la semilibertad.
Para llevar a cabo el cambio sería necesario modificar tanto el Código Penal como la Ley Orgánica General Penitenciaria, algo que solo podría lograrse con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Las dos normas contemplan hoy un trato propio para quienes han sido condenados por delitos de terrorismo, con independencia de la organización a la que hubieran pertenecido. Concretamente, el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria condiciona el tercer grado a varios extremos: pagar las indemnizaciones correspondientes al daño ocasionado, demostrar de forma clara que se ha renunciado a la violencia y cooperar de manera efectiva con la Justicia. Además, se exige una manifestación explícita de rechazo al terrorismo, una petición de perdón a las víctimas y los informes preceptivos favorables.
La abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, afirma que no se trata de una norma excepcional, sino de lo que la legislación ordinaria establece para un tipo concreto de delincuencia, la terrorista. La iniciativa supondría también reformar el artículo 90.8 del Código Penal, que restringe la libertad condicional anticipada para los terroristas y pide asimismo colaborar con las autoridades para aclarar los atentados.
Entretanto, según la AVT, la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha otorgado el régimen de semilibertad a unos cincuenta miembros de ETA amparándose en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un precepto pensado para internos que necesitan tratamiento médico fuera de la cárcel. Las víctimas no tienen capacidad para recurrir esas concesiones; únicamente puede hacerlo el fiscal, y en tal caso la resolución queda sujeta a revisión judicial.
La propuesta pretende igualmente que los reclusos de ETA dejen de depender del juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, una figura instaurada en 2003, y evitar las penas de 40 años que la reforma de ese mismo año endureció. En lo relativo al enaltecimiento, Bildu propone derogar los preceptos que regulan esa conducta, porque considera que su formulación es tan amplia y subjetiva que acaba criminalizando expresiones artísticas, humorísticas o de crítica política. Para salir adelante con estos cambios, la coalición precisaría el apoyo de otras fuerzas políticas.
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