El Gobierno autonómico negocia con los ayuntamientos un plan de cuatro años para evitar improvisaciones tras el vacío legal generado en 2023
Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, ha anunciado el viernes el avance en la aprobación de un Plan General de Seguridad y Salvamento en playas con un horizonte de cuatro años.
El plan busca establecer criterios homogéneos y flexibilidad para adaptar los recursos a cada litoral. Su aprobación responde a la anulación en 2023 del decreto autonómico de 2018 por el Tribunal Supremo.
El plan, «prácticamente terminado» según Miranda, requiere ahora una disposición adicional en la Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad para dotarlo de respaldo legal. La sentencia del Tribunal Supremo generó un vacío normativo que afectó a los ayuntamientos. Miranda destacó la necesidad de regular también la financiación de las medidas.
Las negociaciones con la Federación de Municipios de Canarias (Fecam) han sido «duras», admitió Miranda, debido a las diferencias en la gestión de la seguridad costera entre las corporaciones locales. El Ejecutivo canario busca cerrar los últimos detalles con la federación antes de presentar el texto definitivo para su tramitación parlamentaria.
La iniciativa responde a la demanda del diputado de Coalición Canaria (CC), Jonathan de Felipe Lorenzo, quien planteó en el Parlamento una pregunta sobre el estado de la negociación. El plan, una vez aprobado, sustituirá al decreto anulado y sentará las bases para una coordinación más eficiente entre las administraciones en materia de salvamento acuático.
El vacío legal tras la sentencia del Supremo
El vacío legal generado por la sentencia del Supremo obligó a los municipios a improvisar soluciones sin un marco común, según explicó Miranda. La nueva normativa prevé adaptar los medios humanos y materiales a las características de cada playa. Así se evitarán desequilibrios entre zonas turísticas y menos concurridas.
La Fecam ha participado activamente en la redacción del plan, aunque las discrepancias sobre competencias y financiación han alargado el proceso. Miranda aseguró que el texto definitivo incluirá mecanismos para garantizar la participación de los ayuntamientos. Así se mantendrá la homogeneidad en la aplicación de protocolos.
El Gobierno de Canarias ha priorizado este proyecto para evitar situaciones como las vividas tras el verano de 2023. En ese periodo, la falta de un marco legal claro complicó la respuesta a emergencias en varias playas.
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