El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, dice que el presidente Clavijo lidera esa oposición, mientras el archipiélago tutela a 3.300 menores no acompañados, muy por encima de sus 780 plazas oficiales, tras más de 12.000 llegadas en noviembre.
Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, afirma en una entrevista que el Ejecutivo regional, liderado por Fernando Clavijo, rechaza de forma tajante que las islas se utilicen para «concentrar a las poblaciones migrantes», aludiendo al sistema de centros de retención que implica el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. «Canarias no quiere ser ni se va a convertir en una cárcel de migrantes», afirma, y asegura que el presidente no deja «ni la más mínima duda» sobre esa posición.
Candil detalla que el incremento en la llegada de cayucos ha forzado la apertura de nuevas plazas de acogida, principalmente en Tenerife y Gran Canaria, mediante la creación de instalaciones reducidas destinadas a un máximo de 20 o 30 menores. Según su valoración, en efecto se están reutilizando plazas que previamente habían quedado vacías.
Según los datos que maneja el viceconsejero, en noviembre han llegado más de 12.000 personas, de las que más de 800 eran menores. Actualmente Canarias protege alrededor de 3.300 menores no acompañados distribuidos en 60 recursos, cifra que supera ampliamente la capacidad oficial de 780 plazas.
Candil lamenta que las derivaciones a otras comunidades, que según la Ley de Extranjería deberían hacerse en un máximo de 15 días, tarden «muchos meses». Afirma además que muchas comunidades «siguen complicando todo lo que pueden» esos traslados y que lo dicen abiertamente.
El viceconsejero admite que el sistema de protección ha estado «tremendamente tensionado» durante la legislatura y que en algunas ocasiones «se ha reventado». Lo atribuye a la «falta de previsión por parte del Estado» y a la «poca actuación» en el territorio africano de origen.
Sobre la financiación, Candil indica que el gasto en la atención a menores migrantes supera los 200 millones de euros y que es Canarias quien adelanta el dinero porque «los recursos que llegan del Estado siempre llegan tarde». El Estado aportó 150 millones el año pasado y ha anunciado ahora una transferencia adicional de 15 millones.
En El Hierro, el Gobierno canario instaló un hospital de campaña para evitar el colapso del reducido hospital insular, y el Estado destinará 3 millones de euros adicionales a esa medida.
Candil subraya al final el programa «Urdimbre», que vincula a los extutelados con el tejido empresarial y ha facilitado la inserción de más de 1.000 jóvenes en el mercado laboral, principalmente en los sectores de hostelería e industria. Matiza, no obstante, que estas actuaciones funcionan cuando se puede «digerir el número de menores que van llegando».
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