El portavoz Alfonso Cabello reclama un gran acuerdo de Estado y critica la falta de transparencia del Gobierno central sobre el decreto de vivienda
El Gobierno de Canarias ha solicitado una modificación de la ley española de arrendamientos. El objetivo es impedir desahucios como el sufrido la semana pasada por Maricarmen, una vecina de Madrid de 87 años.
Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo canario, ha precisado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los lunes que la iniciativa se plantea sin populismo y sin efectismo. El portavoz también ha señalado que el Gobierno de España trabaja urgentemente en un decreto que será presentado al Consejo de Gobierno este martes. Dentro de 30 días podría quedar sin efecto si no cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados, donde, dijo Cabello, solo hay crispación.
Demanda de un gran acuerdo de Estado
Cabello ha reclamado un gran acuerdo de Estado para la política de vivienda. Denuncia la falta de transparencia del Gobierno central, que según él intenta responder al clamor ciudadano. La comunidad autónoma afirma que solo dispone de un decálogo con líneas maestras y que no se ha profundizado en la corresponsabilidad entre administraciones.
El portavoz ha pedido que el Gobierno central ponga sobre la mesa un documento consensuado que pueda ser convalidado en el Congreso, con un paquete de medidas real que evite el efectismo político. La petición se produce en un contexto de numerosas manifestaciones y protestas tras el desahucio de Maricarmen. La más llamativa es una acampada en la Plaza de Sol, donde se ubica la sede principal del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Medidas autonómicas para acelerar la oferta de vivienda
Alfonso Cabello ha recordado que la vivienda es una de las principales prioridades del Gobierno de Canarias. El Ejecutivo canario ha aprobado tres decretos de simplificación administrativa destinados a acelerar la construcción y rehabilitación de viviendas. El fin es incrementar la oferta en el mercado.
El viceconsejero ha indicado que el Gobierno de Canarias ha incrementado un 25 % los fondos propios destinados a vivienda pública. También ha realizado un esfuerzo adicional para permitir que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se utilice en este ámbito. Además, ha anunciado la apertura del plazo para que los jóvenes soliciten ayudas al alquiler y la próxima puesta en marcha de la «hipoteca joven».
Según Cabello, en 2023 se construían unas 1.000 viviendas en la comunidad. Actualmente, se evidencia una «reactivación profunda del mercado de la construcción de viviendas privadas» y existen 4 000 viviendas públicas en ejecución.
El portavoz ha subrayado que, para frenar desahucios como el de Maricarmen, es necesario un real decreto o un proyecto de ley que modifique la ley de arrendamientos. Aunque el Gobierno de Canarias no tiene competencias directas para cambiar la normativa, sí actúa cuando se produce una situación concreta, gestionando la suspensión temporal del lanzamiento previsto en casos de vulnerabilidad social, como ocurrió recientemente en un municipio de Tenerife con apoyo de la Fiscalía.
Cabello ha concluido que lo que se necesita es un «gran acuerdo de Estado respecto a política de vivienda», tras evidenciar que el sistema actual «falla». La declaración se produce mientras el Ejecutivo canario mantiene su posición de que la vivienda es una prioridad y que las medidas adoptadas están contribuyendo a revertir la situación.
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