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Canarias tramita con urgencia la ley que sustituye la norma de 1990
Canarias7 (Política)

Canarias tramita con urgencia la ley que sustituye la norma de 1990

El Ejecutivo canario remitirá el anteproyecto al Parlamento para sustituir la norma vigente desde 1990 y modernizar la administración

·6 de octubre de 2026·2 min de lectura

El Ejecutivo canario remitirá el anteproyecto al Parlamento para sustituir la norma vigente desde 1990 y modernizar la administración

El Gobierno de Canarias ha acordado la tramitación urgente del Anteproyecto de Ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma. La iniciativa pretende actualizar el marco jurídico vigente desde 1990.

La medida, acordada en el Consejo de Gobierno en diciembre de 2024, busca reducir los plazos de elaboración y aprobación. El objetivo es acelerar su remisión al Parlamento.

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Objetivo de la reforma

Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo canario, dijo que la modificación es ‘fundamental para mejorar los servicios que la comunidad autónoma presta a los ciudadanos de esta tierra’.

Según el mismo portavoz, la nueva Ley del Sector Público de Canarias ‘posibilitará abordar las necesidades del siglo XXI’. Introducirá parámetros modernos que garanticen eficiencia y efectividad administrativa.

Proceso de elaboración

El Anteproyecto ya cuenta con un texto articulado y una memoria justificativa elaborados por una comisión de trabajo creada específicamente para estudiar la futura norma.

La tramitación corresponde a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.

En su elaboración han participado profesionales del sector público y representantes de distintos departamentos del Gobierno de Canarias.

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La futura ley pretende establecer la regulación del sector público institucional mediante un marco normativo que garantice de forma permanente la simplificación administrativa en todas sus dimensiones.

El Gobierno de Canarias espera que la rapidez en la tramitación permita una puesta en marcha temprana de los cambios. Según Cabello, contribuirá a una mejor organización y funcionamiento del sector público.

Una vez remitido al Parlamento, el proyecto será objeto de debate y votación, proceso que determinará su puesta en vigor.

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