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La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves que emprenderá acciones administrativas y judiciales contra el Real Decreto del año 2000 que prorrogó la concesión de la autopista León-Campomanes hasta 2050, con la intención de exigir la eliminación definitiva del peaje de la AP-66.
Las claves
- El Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Movilidad a actuar al encontrarse «en plazo» para ello.
- El Ejecutivo autonómico contempla enviar un requerimiento al Gobierno de Sánchez y recurrir ante el Tribunal Supremo.
- Asturias y Castilla y León actúan conjuntamente tras el aval de los tribunales europeos a esta vía legal.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a iniciar las acciones administrativas y judiciales contra el Real Decreto del año 2000 que alargó la concesión de la autopista León-Campomanes hasta el año 2050.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en su comparecencia ante los medios que estudian el envío de un «posible» requerimiento al Gobierno de Pedro Sánchez antes de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo.
Carlos Fernández Carriedo ha señalado que actúan «en coherencia» y «de la mano» con el Principado de Asturias y su presidente, el socialista Adrián Barbón, tras el posicionamiento favorable de los tribunales europeos respecto a la concesión de la denominada autopista del Huerna.
El Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco argumenta que el Real Decreto aprobado en el año 2000 durante el mandato del expresidente José María Aznar introdujo «cambios sustanciales» en el contrato que equivalen a una nueva concesión «sin licitación pública» y contraria al derecho comunitario.
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